El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México afirma que la Ley de Responsabilidad Ambiental que aprobaron la semana pasada en el pleno no permite la privatización de las áreas de conservación ni modifica el uso del suelo, como se ha venido desinformando.
Por el contrario, dice, se armonizan las disposiciones constitucionales relativas al nuevo sistema de planeación de la capital.
“Las modificaciones aprobadas van a robustecer la protección jurídica al medio ambiente en la ciudad, armonizando las disposiciones aplicables a la nueva constitucionalidad. E incorporadas al Programa General de Ordenamiento Territorial contarán con una nueva visión integral y equilibrada que tome en consideración las diversas materias que componen el territorio de la entidad”, señaló al respecto el diputado ecologista Javier Ramos Franco.
Añadió que “esta ley evitará que la capital siga sufriendo un daño medioambiental, porque obligará a las personas a asumir su responsabilidad por haber contaminado y restituir o compensar y pagar una sanción económica por ello”.
Hay mucha controversia sobre esta ley porque desde hace mucho el gobierno pretendía privatizar las tierras de conservación para permitir que los desarrolladores pudieran construir en esas áreas, aunque hay que cuidar los ecosistemas que nos ayudan con el escurrimiento del agua de lluvia para que llegue a los pozos o presas.
Pero a decir de Ramos la nueva legislación “prevé la creación de juzgados y salas civiles especializadas; el procedimiento ante dichas instancias sobre responsabilidad ambiental; las medidas cautelares y acciones precautorias para prevenir y hacer que cesen los daños; y la ejecución y el cumplimiento oportuno de la sentencia, así como su seguimiento, entre otras cosas”.
Promotor de la iniciativa, el legislador defendió en comisiones la necesidad y las ventajas de modificar la ley para contar con un mecanismo que detenga el deterioro del medio ambiente sin afectar el proceso de consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que también se ha intentado eliminar, pero los grupos y vecinos no lo han permitido.
“Dentro de las aportaciones más modernas de esta ley está incluir no solo a los elementos naturales, sino también a los elementos artificiales del ambiente, como las construcciones por incumplimiento de la normatividad aplicable, así como los daños a la salud de las personas por la liberación de contaminantes al ambiente. Y a la vez, incorpora un procedimiento abreviado que podrá darse cuando la persona demandada acepte o reconozca expresamente que por su acción u omisión ha causado el daño que se le atribuye, siendo susceptible de que se le imponga el mínimo de la sanción económica”, explica el también coordinador de la Alianza Verde en el Congreso capitalino.
Hay que reconocer que el origen de esta ley se basa en el principio de que “quien contamina paga” de la Declaración de Río de 1992, la cual tiene como objetivo evitar el daño medioambiental, obligando en su caso a asumir la responsabilidad por la contaminación que se genere y ya sea restituir o compensar el desequilibrio que se cause, tema que no había llamado la atención. ¡Veremos!
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que en la tercera Legislatura del Congreso de la CDMX ocuparán 20 sillas personas vulnerables, con lo que se busca eliminar desigualdades y discriminación contra esos grupos… Y el Congreso local va por acciones para evitar el trabajo infantil, puesto que está comprobado que afecta el potencial y dignidad de los menores y ante esta desgarradora realidad no se deben ignorar las cifras: se sabe que hay en la ciudad 3.7 millones de infantes en esa situación. Vaya que es alarmante, ¿no?