La necesidad de persistir en el debate para distinguir al narcotráfico y el terrorismo como conceptos y actividades ilegales, así como las evidentes similitudes en cuanto a técnicas y tácticas para producir pánico entre la población principalmente, permite ampliar las opciones disponibles para hacerles frente de manera consistente, pero sobre todo con razonables márgenes para, al menos, contenerlos.
En efecto, la proporción de éxito para derrotarlos procede de las variables y contenidos para caracterizarlos. El narcotráfico en particular y el crimen organizado en general muestran elementos constitutivos que logran amenazar e incluso condicionar el actuar de las autoridades, sobre todo a nivel local, que para el caso de México se trata, como sabemos, del municipio.
Por su parte, las estructuras identificadas como terroristas buscan el mismo objetivo para lograr tener una sólida plataforma de acción (o complicidades de esas mismas autoridades) que les permita ampliar su red de influencias sociales.
Así, tanto el narcotraficante como el terrorista, de una u otra forma, pretenden contar con una base social donde pueden obtener, sobre todo, cobertura para continuar con su cadena de delitos.
Otro punto clave de similitud radica en los procedimientos para la obtención de los recursos monetarios y bienes para financiar sus actividades. Sin embargo, en este punto surge una diferencia estructural y de fondo: mientras el criminal narcotraficante usa los beneficios mal habidos justo para su satisfacción personal, el terrorista pretende usarlos para persistir en su lucha a muerte contra el Estado.
El delincuente hace gala de manera pública e incluso difunde su patológico estilo de vida, en tanto que el terrorista pretende pasar desapercibido, dado que sus objetivos son de carácter político e ideológico. Para el primero la motivación es la codicia y la crueldad; para el segundo es la conquista de un ideal.
Error de fondo
Por eso, en la aún no oficial clasificación de seis organizaciones criminales o cárteles mexicanos como terroristas, por parte del Departamento de Estado norteamericano, es que debe persistirse en señalar el error de fondo que se comete cuando se les asimila como una y la misma estructura.
Lo anterior cobra sentido porque por cuarta ocasión de forma y manera oficial, el presidente Donald Trump se refirió el pasado martes 4 a la relación “intolerable” que según él existe entre autoridades mexicanas y organizaciones criminales dedicadas, sobre todo, al narcotráfico.
Todas las evidencias políticas y jurídicas indican que —hasta el momento de redactar esta colaboración— no ha sido aprobada la petición del Departamento de Estado a las autoridades hacendarias y fiscales para clasificar como terroristas a cárteles de la droga. Es probable que se estén diseñando los recursos jurídicos específicos para evitar, sobre todo, que algunas de las actividades de las organizaciones criminales en Estados Unidos puedan involucrar a ciudadanos de ese país como facilitadores e incluso cómplices, lo que les convertiría en parte de una organización terrorista. Por ejemplo, la venta de armas, de bienes inmuebles o la administración de alguna empresa para el lavado de activos.
Es probable que la complejidad y amplia presencia de pandillas en muchas ciudades de ese país para la distribución y venta de drogas esté influyendo en cómo caracterizar las actividades de bandas criminales terroristas mexicanas en el mismísimo territorio estadunidense.
Bastante complejo.