El liderazgo político de las mujeres en México es clave para construir una sociedad más equitativa y democrática. Desde 2014 los partidos políticos están obligados por la Ley General de Partidos Políticos a destinar 3% de su financiamiento público al fortalecimiento del liderazgo femenino. Este recurso no es un gasto menor ni opcional: representa una inversión estratégica para garantizar que más mujeres accedan a espacios de poder y tomen decisiones que transformen la vida pública.
Sin embargo, en muchos casos estos recursos son subejercidos, mal administrados o incluso desviados hacia actividades que no cumplen con su propósito original. ¿Cómo avanzar hacia la igualdad si el presupuesto destinado a profesionalizar a las lideresas no siempre se usa de manera efectiva?
Ese 3% actual representa un avance importante, pero no alcanza para cubrir las crecientes necesidades de formación y fortalecimiento de las mujeres en la política. Las barreras estructurales que enfrentan las lideresas —desde la falta de acceso a espacios de poder hasta la violencia política— exigen una inversión más ambiciosa.
Usar eficientemente estos recursos e incluso aumentarlos no depende solo de los partidos políticos. El Congreso de la Unión tiene la facultad de reformar la Ley General de Partidos Políticos para aumentar este porcentaje, adaptándolo a las necesidades reales de las mujeres en un entorno político cada vez más exigente.
Una reforma en este sentido no solo implica más recursos, sino un compromiso renovado para garantizar que este financiamiento se utilice de manera estratégica. Esto debe traducirse en resultados tangibles: liderazgos más sólidos, mujeres más preparadas y un impacto positivo en las comunidades que representan.
Inversión estratégica
Ampliar el presupuesto destinado al liderazgo femenino fortalece la diversidad en las decisiones políticas y asegura que las necesidades de toda la población sean representadas.
Este aumento también refuerza la credibilidad de los partidos políticos, proyectándolos como instituciones modernas y comprometidas con las demandas sociales.
Al mismo tiempo, incrementar el porcentaje destinado al liderazgo femenino requiere un ejercicio responsable de los recursos. Cada peso invertido debe reflejarse en el empoderamiento real de las mujeres y en la creación de un entorno político más incluyente.
El llamado es claro: mantener 3% ya no basta. Los partidos políticos, en conjunto con el Congreso de la Unión, deben trabajar para aumentar este porcentaje y garantizar que más mujeres accedan a oportunidades reales de desarrollo político. Además, es indispensable asegurar que estos recursos se destinen exclusivamente a actividades que impulsen el liderazgo femenino.
Invertir en lideresas significa avanzar hacia una política más justa y representativa para todas las personas. Es momento de asumir esta responsabilidad histórica.