Se acerca una de las decisiones más importantes en la historia de nuestro país. El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF) tendrán que determinar si es legal que Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, obtengan 75% de las curules en la Cámara de Diputados a pesar de haber obtenido solo 54% de los votos.
Esta situación no es producto del azar. Los estrategas electorales del gobierno planearon cada paso. No buscaron, para empezar, a especialistas reconocidos por su imparcialidad para ocupar los cargos de consejeros que quedaron vacantes en el INE. Querían consejeros leales al régimen y los obtuvieron.
Como los candidatos para ocupar los nuevos cargos de magistrados en el TEPJF son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha tenido más inclinación por cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan que de obedecer las órdenes del presidente, los senadores oficialistas recibieron órdenes de Palacio Nacional de no cumplir con el mandato constitucional de nombrar a dos nuevos magistrados. Mantuvieron así un tribunal con solo cinco magistrados y no los siete que ordena la Carta Magna; consideraron que los que había eran más favorables al gobierno.
En campaña los candidatos pidieron todos los votos para Morena, pero hicieron un convenio de coalición para que las diputaciones se repartieran entre tres partidos distintos. El PT y el PVEM fueron declarados ganadores en distritos en los que habían quedado muy atrás en el voto. La gente pensaba que estaba votando por Morena, pero en realidad el sufragio ya había sido comprometido con otros partidos para reducir el número de diputados de mayoría relativa de Morena y aumentar los de representación proporcional de la coalición.
¿Es legal? Morena dice que sí y la Secretaría de Gobernación, que no tiene facultades legales en temas electorales, también, pero muchos constitucionalistas lo niegan.
A discreción
La clave de todo el debate se encuentra en el artículo 54 de la Constitución, que dice que solo podrán tener representación proporcional los partidos que registren candidatos en cuando menos 200 distritos uninominales, pero ninguno de los partidos del gobierno lo hizo. La enorme mayoría de sus candidatos los registró la coalición Seguimos Haciendo Historia. Morena y sus aliados dicen que sí postularon a 200 porque los registros de la coalición deben considerarse como de un solo partido.
El mismo artículo 54, sin embargo, establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados o una representación 8% superior a los votos recibidos. En este caso, sin embargo, los partidos del gobierno, que dicen que para el registro su coalición debe ser reconocida como un solo partido, afirman que son independientes para los límites al número de diputados.
Los once consejeros del INE serán los primeros en considerar el tema. La presidenta de la institución, Guadalupe Taddei, ya ha expresado su inclinación por la interpretación de Morena. Tres de los cinco magistrados que quedan en el Tribunal Electoral, por otra parte, se consideran cercanos a Morena y el gobierno.
Habrá que esperar la decisión final. Si consejeros y magistrados optan por la sobrerrepresentación, el gobierno podrá cambiar la Constitución a discreción. Regresaremos a los tiempos de la presidencia imperial. Habrá terminado el único periodo de la historia con verdadera democracia, con alternancia de partidos en el poder.