En un verdadero sistema de división de poderes los jueces deben ser independientes. Distintos países cuentan con procesos diferentes para seleccionar a los integrantes de su Poder Judicial, pero la mayoría busca preservar esa independencia. Quieren jueces que puedan tomar decisiones por lo que dice la ley y no por los deseos de los políticos.
Dicho objetivo no siempre se logra. En Estados Unidos los jueces de algunos estados son electos por voto popular, mientras que los federales son designados directamente por el Ejecutivo. Esto ha hecho que los jueces nombrados por un presidente conservador sean conservadores y los que vienen de un gobierno liberal sean liberales. Los ciudadanos pierden el derecho de tener jueces imparciales. Los jueces de la Suprema Corte son postulados por el presidente, pero deben ser ratificados por el Senado por mayoría simple. Hay notables diferencias entre las posiciones de los jueces nombrados por presidentes republicanos y demócratas.
En Europa cada país tiene un proceso distinto. Algunos dan un papel al Parlamento en la designación, otros no. En algunos el Poder Ejecutivo interviene, en otros no. Muchos, sin embargo, han creado sistemas que establecen una carrera judicial de la cual surgen los jueces tras presentar exámenes o concursos de oposición. Casi todos los países de Europa cuentan con un cuerpo especializado que selecciona a los candidatos a jueces y los nombra, ya sea que intervengan o no el Poder Legislativo o el Ejecutivo.
En México hemos tenido un sistema mixto. El país cuenta con un Consejo de la Judicatura Federal, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que administra la carrera judicial y decide las designaciones de jueces y magistrados. En el fuero común hay órganos administrativos similares adscritos al tribunal superior de cada entidad. Los ministros de la SCJN son propuestos por el presidente y deben ser ratificados por un voto de dos terceras partes; pero cuando no se logra esa mayoría después de dos intentos, el presidente nombra a quien se le antoje, como ocurrió con Lenia Batres, designada por el presidente López Obrador.
Capacitados
En mi opinión los mejores sistemas son los que se basan en concursos de oposición y no en designaciones de políticos. Para ser un juzgador es imprescindible contar con conocimientos legales muy profundos, que solamente otros especialistas pueden conocer y juzgar. El mejor sistema es aquel en que los jueces eligen a otros jueces.
El sistema mexicano es ya excesivamente politizado, pero el Ejecutivo quiere hacerlo todavía más. Nuestros ministros de la SCJN son seleccionados en procesos en los que importa más la cercanía con el poder que el conocimiento jurídico. La elección por voto popular politizaría más el sistema y terminaría por acabar con la independencia judicial que ordena la Constitución.
Coincido con el presidente: hay que cambiar el sistema; pero para mejorarlo, no para politizarlo más. ¿Cómo se lograría esto? Dando a un organismo especializado en el Consejo de la Judicatura la facultad de escoger a los jueces tras evaluar a los candidatos con exámenes de conocimientos. Esto nos permitiría tener como juzgadores a los más conocedores del Derecho, a los más capacitados, y no a quienes tengan más dinero para hacer campañas o que hagan las promesas más populares en una contienda electoral.
Lo mejor, a mi juicio, es dejar que los jueces elijan a los nuevos jueces con exámenes objetivos.