Contexto: Esta es la primera entrega de tres partes. Cada una abordará de manera subsecuente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional. Es lo que en el Seminario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se denomina como Dimensiones de la seguridad.
Si bien se encuentran relacionadas estructuralmente, no obstante, cada una tiene bienes a tutelar específicos y para custodiarlos cuenta con determinados recursos institucionales, jurídicos, presupuestales, políticos, legislativos y, en su caso, de política exterior, entre otros.
A menos de 15 días para el relevo institucional en el Poder Ejecutivo, plantear las consideraciones que corresponden a cada una de las Dimensiones de la seguridad es sustancial para no incurrir en una de las viejas prácticas del sistema político mexicano: empezar de cero.
Aunque pertenezcan al mismo partido dos presidentes consecutivos, la historia nos ha mostrado que la tendencia es a hacer de lado lo hecho en la administración anterior y reestructurar los recursos a disposición; la principal consecuencia es la pérdida de tiempo. Ese es el único recurso que nunca se recupera.
Sin embargo, hay importantes indicadores —incluso a nivel de las numerosas modificaciones a la Constitución— de que entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo no habrá ni rupturas dramáticas ni auténticos “golpes de timón”.
Por supuesto, y en atención al ejercicio de las prácticas del poder presidencial, la primera presidenta de la República en la historia de México tendrá, y tiene, su estilo de procesar las principales decisiones para la aplicación de las líneas de su plan de gobierno y, por lo tanto, el natural establecimiento de las prioridades para el sexenio 2024-2030.
Tres misiones
La Dimensión de la seguridad pública La distancia discursiva y argumentativa que hay y que hubo a lo largo del sexenio entre las objetivas condiciones de amplias zonas del país y su afectación a la vida cotidiana de miles de familias y personas respecto de la visión desde la burocracia federal fue constante. Sin embargo, el análisis mesurado a propósito de los bienes a tutelar por la seguridad pública permite fundamentar lo que son los primeros e ineludibles retos en esta sustancial materia.
¿Con qué bienes y recursos cuenta la seguridad pública para cumplir sus misiones? Desde luego que la respuesta a esa pregunta implica, a su vez, el establecimiento de las bases funcionales de la democracia como estilo de vida y articulación cotidiana en el desarrollo de cualquier sociedad libre, plural y tolerante. Es decir, que no se limita a la democracia como sistema y estructura de gobierno ni a los procedimientos electorales: la seguridad pública y su adecuado funcionamiento es la base que cohesiona al sistema social a partir de la confianza establecida entre la ciudadanía y las instancias encargadas de la preservación del orden público.
Así, la seguridad pública tiene tres misiones para preservar y fortalecer la democracia y el desarrollo nacional: la integridad física de la persona, la conservación de su patrimonio y el libre desempeño de sus actividades cotidianas.
Los efectos negativos de la prolongada y perniciosa alteración de la vida diaria a partir de las corrosivas actividades de la delincuencia común y del crimen organizado van minando tanto la confianza en las autoridades directamente responsables (empezando por las locales), como la visión de futuro/superación a partir del trabajo, el estudio y otras prácticas que construyen civismo.
En consecuencia, la siguiente administración federal tiene por primer antagonismo emergente el pleno restablecimiento de las misiones de la seguridad pública. Continuaremos.