Como ya se apuntó en anteriores entregas, no es viable desde una perspectiva de estudios comparados, orígenes/causas, objetivos/justificaciones, tratamientos legales locales/internacionales/multilaterales, tratar a las violentas acciones de las organizaciones criminales complejas (OCC, como este autor las clasifica), asimiladas a las empleadas por estructuras en el sentido más preciso del término como terroristas. Esto por principio de cuentas.
Lo segundo se refiere a las implicaciones prácticas en el ámbito internacional que el término “narcoterrorismo” y sus sucedáneos (insurgencia criminal, narcoguerrilla…) tendrían al momento de ser incorporadas a varias leyes. Veamos, por ejemplo, el anuncio de una inversión de clase mundial, como la fábrica de automóviles eléctricos Tesla en Nuevo León, al mismo tiempo que se discute en los círculos de poder en México y Estados Unidos si hay o no la presencia activa y aceptada de OCC que utilizan las tácticas de las organizaciones terroristas.
Al menos es una profunda contradicción invertir en un país donde “amplias zonas” de la geografía de México están bajo control de las organizaciones criminales y lo que ese ambiente representa incluso para los trabajadores de la construcción, proveedores, supervisores de la misma marca Tesla, entre muchos otros perfiles que eventualmente vivirían por meses y meses a expensas de secuestros, extorsiones, robos de todo tipo, bloqueos y demás expresiones de depredación por parte de los delincuentes.
No obstante, sobre todo en los despachos de los congresistas del Partido Republicano en el Capitolio, persisten —y vaya de qué forma— en sostener que el principal mal que agobia a México es la presencia de organizaciones criminales complejas como “narcoterroristas”.
Atención
Todavía el miércoles 22 por la mañana, hora de Washington, el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, resistía la andanada de los senadores republicanos para aceptar dos cosas muy delicadas: que existe la opción jurídica para clasificar a las acciones del crimen organizado en México como “narcoterrorismo”; y, no menos grave, que parte del territorio nacional también lo controlan. Esto sin aportar ninguna prueba o documento que avale semejante afirmación. Sin embargo, el simple hecho de decirlo, reconocerlo y comentarlo confiere a ambos asuntos un elevado nivel de atención y tratamiento desde las correspondientes oficinas del gobierno federal en México.
Y un asunto sustancial a considerar en este debate en México y EU: la simultaneidad de los procesos electorales, donde se ponen en juego las presidencias de ambos países, así como el control de los respectivos Congresos.
Es decir, el sustrato propagandístico que significa para el opositor Partido Republicano la compleja situación de seguridad fronteriza con nuestro país solivianta en muy buena proporción tanto la beligerancia de la discusión como los contenidos de propuestas fuera de todo orden y contexto, como incursiones de las fuerzas armadas de ese país.
Nos esperan escenarios de alta tensión, discusión y posicionamientos, que con el paso del tiempo se irán endureciendo, a la vez que se aproximen en términos constitucionales las conclusiones de los mandatos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden.
Deseo equivocarme, sobre todo porque la siguiente etapa de las relaciones entre ambos países no debiera estar condicionada por visiones e intereses de corto plazo.