En un principio la presidenta electa Claudia Sheinbaum declaró que había que discutir a fondo y con tranquilidad la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador.
Después de una reunión en que habló con los diputados de Morena, el coordinador Ricardo Monreal afirmó públicamente que se había determinado poner una pausa a la discusión sobre la propuesta de reforma judicial con el fin de que se pudiera conocer bien y estudiar antes del proceso legislativo. Anunció también que se descartaría la reforma electoral, también muy polémica.
El presidente López Obrador no se preocupó por la electoral, pero en la mañanera advirtió que la judicial sí se realizaría de inmediato, a pesar de los deseos de la presidenta electa. Esto llevó a Monreal a sacar al vapor en tan solo cuatro días todo el proceso de aprobación en Diputados, recurriendo incluso a una sede alterna cuando grupos de estudiantes de Derecho bloquearon los accesos al Palacio Legislativo para impedir la discusión y aprobación de la iniciativa.
El proceso se llevó a cabo a pesar de que había tres suspensiones provisionales para impedirlo. La doctora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y diputada de Morena en la actual Legislatura, explicó en una entrevista radiofónica conmigo que estas suspensiones no eran legalmente correctas porque la suspensión y el amparo solo se pueden aplicar a normas existentes y la nueva legislación judicial no es hasta el momento más que una iniciativa. El camino correcto para combatir las suspensiones era presentar un recurso de queja en contra de la suspensión, pero el coordinador Monreal, lejos de preocuparse por hacerlo, simplemente la desacató: “No nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete”, declaró.
Molesta
No es esta la primera vez que una de las cámaras del Congreso en este gobierno ha decidido desacatar por instrucciones del presidente las suspensiones o decisiones de jueces, magistrados y ministros. El Senado, por ejemplo, se negó a nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Electoral, como manda la Constitución, porque el presidente no quería correr el riesgo de que no estuvieran alineados a los intereses de su régimen como lo estaban tres de los cinco magistrados que le daban mayoría automática.
El pasado miércoles 4, una vez aprobada la reforma judicial en la Cámara de Diputados, la jueza quinta de distrito de Morelos emitió una nueva suspensión, ahora definitiva, para evitar que la iniciativa sea discutida y votada en el Senado. Pero los líderes de la mayoría oficialista en la cámara alta también la desacatarán.
Los jueces no tienen policías ni medios de coacción para hacer cumplir sus sentencias. En varias ocasiones en este sexenio, cuando los legisladores o los funcionarios del Ejecutivo han desacatado sus fallos, la Fiscalía General de la República, que sería la responsable de investigar y presentar acusaciones por desacato o abuso de autoridad, simplemente no ha movido un dedo. Se ha generado así un abierto clima de desobediencia a los fallos de los jueces.
El presidente y los líderes de su bancada en el Congreso están ya seguros de que en unos días más borrarán el actual sistema de justicia del país y pondrán uno con jueces obedientes. Los que hayan ofrecido decisiones incómodas serán destituidos y reemplazados por otros más cercanos al gobierno. Pondrán fin así a una independencia judicial que está plasmada en la Constitución, pero que les resulta molesta.