La reforma del Infonavit es otra de esas medidas que el gobierno y su bancada han aprobado a pesar de todas las voces de protesta. La iniciativa logró algo inusitado: unir a patrones y sindicatos, que se pronunciaron en contra. Ninguno se siente cómodo ante la perspectiva de que una institución que recibe su dinero de los trabajadores y de las empresas quede bajo el control del gobierno.
La nueva legislación hace eso y más. Si bien después de que se escucharon las voces de los sindicatos y los empresarios se modificó la iniciativa para que trabajadores, empresas y gobierno mantuvieran una representación tripartita en el Consejo de Administración, se mantuvieron los poderes excesivos de un director general que seguirá siendo nombrado por el gobierno.
Además, se le dio al director general la facultad de vetar las decisiones del Consejo. Para propósitos prácticos, esto le da al gobierno el control de una institución a la que no aporta fondos.
El nuevo director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, el mismo ingeniero agrónomo que dejó 1.2 billones de pesos de pérdidas en Pemex en el sexenio pasado, ha dicho que la reforma busca darle al Infonavit un sistema de gobierno similar al del IMSS. Pero los servicios del IMSS se han venido deteriorando en los últimos años. Hay, además, una diferencia importante. El IMSS recibe aportaciones del gobierno, pero no el Infonavit, el cual se financia con aportaciones que el gobierno cobra a los patrones, pero que se toman del bolsillo de los trabajadores.
Uno de los propósitos de la nueva legislación del Infonavit es crear una nueva empresa constructora privada, una sociedad anónima, pero propiedad del gobierno. No tendría así la supervisión de la antigua Contraloría, la que hoy se llama Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ni de la Auditoría Superior de la Federación. La empresa se dedicará a construir vivienda para el Infonavit, pero cuando el Infonavit construía viviendas en lugar de simplemente dar créditos tenía pérdidas enormes y una corrupción generalizada.
Costos
Lo peor es que esta nueva constructora podrá usar los recursos del Infonavit, el dinero de los trabajadores, para financiar las viviendas que construya, sin que se permita una representación de los trabajadores o de los empresarios en su Consejo de Administración. Es una fórmula hecha para la corrupción.
Romero Oropeza afirma que la constructora es indispensable porque la edificación de vivienda de bajo precio ha caído; pero en lugar de crear un esquema que se apropie de los recursos de los trabajadores habría que tomar medidas para atacar las causas de este descenso.
El costo de la edificación de vivienda en México se ha vuelto muy elevado por las restricciones a la construcción en muchas ciudades. Obtener un permiso de construcción se ha vuelto cada vez más complicado y costoso, y cada vez más sujeto a corrupción.
Otro factor importante son las altas tasas de interés. Para reducirlas hay que bajar el déficit gubernamental y disminuir la inflación, y con ello los intereses. También es necesario mejorar la legislación para facilitar el cobro de los créditos. En los países con verdadero Estado de Derecho las hipotecas son mucho más baratas porque es más fácil cobrarlas.
Tener una gran constructora “privada”, pero controlada por el gobierno y financiada por los ahorros de los trabajadores, no ayudará a reducir el déficit de vivienda. Solo aumentará la corrupción y afectará los ahorros de los trabajadores que actualmente se encuentran en la subcuenta de vivienda de las Afores.