La Carta Magna señala que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y que la intervención del ejército en estas labores debe ser excepcional y regulada, es decir, no permanente.
De igual manera, nuestra Constitución establece el respeto que las autoridades deben garantizar a los derechos humanos en el artículo 1, cuyo párrafo tercero nos dice de manera textual: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sobre la participación militar en tareas civiles establece que por regla general ninguna autoridad debe ejercer más funciones de las que tiene conferidas por la ley.
Muy precisa es esta aclaración: la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles y no de militares.
La mediación, que está establecida debidamente en nuestro artículo 17 constitucional, es la herramienta ideal para encontrar una salida a esta difícil situación de las Fuerzas Armadas de México y las instituciones civiles de este país. La justicia alternativa es muy importante para que tanto las autoridades como el ejército encuentren una vía para restaurar sus relaciones con la sociedad civil, que se han visto agraviadas y desgastadas en los últimos años.
Actualmente la mediación en el mundo entero crece a pasos agigantados para encontrar la solución a problemas mayores no solo entre personas, sino también entre sociedades y entre Estados. Por eso puede ser empleada para resolver desavenencias entre las autoridades civiles y militares.
Debemos empezar a buscar los puentes apropiados para dar una salida ideal al ejército después de sus grandes esfuerzos y creo que debe haber una mediación con las Fuerzas Armadas y la sociedad para limar asperezas que han surgido por todo el país y debemos reconocer que gracias a su ayuda no ha llegado a peores niveles.
Cultura de la paz
Bien lo dice el ministro González Alcántara: “De la jurisprudencia interamericana, de los precedentes más recientes de este tribunal pleno y del texto constitucional se extrae que la Fuerza Armada permanente solo puede realizar tareas de seguridad pública en contextos de estricta excepcionalidad. Su participación debe estar regida por la absoluta necesidad y, por lo tanto, no puede ser permanente”.
La justicia restaurativa puede ayudar a limar las asperezas entre grupos de distintas comunidades que han sido lastimados en su mayor integridad, que es la vida y la seguridad, por cárteles o grupos criminales o por el mismo ejército.
Si bien es cierto que debemos pensar cómo darle las gracias al ejército y cómo restaurar el orden público en una forma más cuidadosa de seguridad, para no poner la seguridad de la sociedad entera en manos de los miembros del ejército.
Los integrantes de la Marina no se excluyen de esta decisión y debemos encontrar para ellos un agradecimiento y una súplica para que se retiren, pero que antes se establezcan nuevas reglas de convivencia que no dejen a la sociedad en riesgo.
Su salida debe ser ordenada y escalonada. No olvidemos que gracias a ellos hay sitios del país que están en paz, aunque otros pese a su presencia siguen en problemas.
Si la legalización de las drogas no es la solución, si el quitar laboratorios de fentanilo y meter a la cárcel a los miembros de todos los carteles tampoco lo es, debemos encontrar la respuesta entre nosotros mismos para lograr la cultura de la paz.
Una cultura de la paz que debemos dejar en herencia a las futuras generaciones y en la que se hace mucho énfasis en el plan de estudios de la Facultad de Derecho de la UNAM.