Se puede pensar que la contaminación por ideología política o por credos y dogmas predispone a un juicio anticipado sobre la actuación profesional de algún personaje público. Sin embargo, mucho más allá de la percepción y las fobias se encuentran datos duros que delimitan un mapa de la efectividad o negligencia con que un funcionario se ha conducido en su personal responsabilidad.
Cuando esas cifras tienen que ver con la parte más sensible del ser humano, referida a la integridad física o a la conservación de la vida misma, el escrutinio sobre esa responsabilidad se torna agudo en profundidad. Por ello, no se trata de sustentar juicios sumarios en tribunal alguno; pero sí se debe tener objetividad en qué tan acertado o qué tan deficiente fue el desempeño profesional de quien tuvo a su cargo prácticamente la totalidad de las decisiones en materia de salud pública durante el desarrollo de la pandemia por Covid-19.
Hoy existe un mandato judicial para escrutar dicho desempeño y el panorama, con base en los datos, a primera vista no le pintaría de maravilla a Hugo López-Gatell.
Mucho podríamos recapitular sobre la larga cadena de desatinos, soberbia y ambiciones que llevaron a un funcionario a errar con gravedad el camino, pero en ese análisis objetivo al que nos debemos y traducido a la posibilidad de que esa actuación derive en una consecuencia legal hay que decir que resultará sumamente complicado que se halle una forma de materialización probatoria para vincular a aquel que se supone consumó uno o varios delitos.
En la valoración de la prueba en un plano jurídico la apreciación subjetiva carece de peso probatorio. Para ello habrá que eliminar el sensacionalismo y la búsqueda de un culpable con nombre y apellido y ceñirse a una ruta de índole estrictamente legal. De hecho, el asunto que se ha anunciado —donde la mayoría de los encabezados apuntaron en pasados días a que “Hugo López-Gatell será investigado penalmente”— no está en condiciones de fortaleza y, en la modesta apreciación personal, tiene poca posibilidad de éxito.
Conciencia
Recordemos la ruta que este caso siguió y avizoremos su horizonte. En noviembre de 2020 el subsecretario de Salud fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta negligencia en el manejo de las políticas sanitarias en la pandemia. Lo anterior lo provocaría el fallecimiento de un mexicano, que es a quien un afamado despacho decidió representar conforme a los intereses e instrucciones de la familia afectada. Pero cual era de esperarse, y en el corazón de la pandemia, por la vía más expedita un mes después la FGR determinó la no integración de una carpeta ministerial de investigación por considerar que los hechos no constituían un delito como tal.
Posteriormente, ante el juez de control federal, se recurrió en inconformidad la resolución y también se rechazó la petición. Ello obligó a la solicitud de un amparo directo que por igual fracasó y motivó a su vez que se llevara a impugnar ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal. Finalmente, algo de éxito llegó a la causa cuando tal instancia ordenó reponer todo el procedimiento y ahora, en mayo, es cuando el despacho ha logrado que se le dé continuidad a la investigación contra López-Gatell.
Con mediciones de alcance global, México fue el tercer país con mayor tasa de mortandad derivada de la pandemia. En un estimado elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera que en el país ocurrieron cerca de 800 mil muertes por motivo de complicaciones tocantes al contagio por Covid. Dichas cifras coinciden con las propias de la Secretaría de Salud al hacer un ejercicio de suma: 331 mil personas fallecidas por complicaciones propias del contagio, más 174 mil asociadas a las secuelas de la enfermedad, más el excedente atípico en la tasa de mortandad para el periodo de 2020 a 2022, nos arroja una suma aproximada de 793 mil 625 personas que perdieron la vida por causas múltiples, donde muchas veces la falta de atención médica adecuada constituyó la principal razón del fallecimiento.
La ruta jurídica se antoja complicada, pero ya hay una sentencia inevitable: la que pesa en la personal conciencia de quien se supo rebasado.