La historia política del país parece repetirse: un partido mayoritario, con una amplia representación social, donde el titular del poder Ejecutivo tiene amplia injerencia en el desarrollo de las actividades políticas, en tanto que el mismo partido domina gran parte de los gobiernos y Congresos estatales.
Del otro lado, una oposición que se queja de no ser escuchada y de la aplanadora que le pasa encima. La imposición de peso que da contar con mayoría relativa o absoluta, para sacar adelante las iniciativas que les son enviadas, sin modificación alguna.
La existencia de un titular del Poder Ejecutivo con una capacidad de decisión para conducir —con el acompañamiento de su partido, el Legislativo federal, los gobiernos estatales y los Congresos locales— el destino del país.
Por donde se vea, pareciera que la historia de la era del PRI como partido hegemónico nacional, con un presidencialismo todopoderoso, se reedita.
Hasta 1988 el PRI gobernó el país con una abrumadora mayoría. Los presidentes emanados del tricolor contaron con el respaldo del Legislativo.
No son pocas las historias de iniciativas que durante la era de hegemonía priista tuvieron que ser corregidas tras ser aprobadas, por contener errores, así como tampoco es la primera ocasión en que el Poder Judicial es modificado de manera sustancial mediante el impulso del Legislativo.
Al inicio de su gestión, en enero de 1995, Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo a sus 26 ministros.
En un breve lapso Zedillo firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los Congresos locales.
Esa reforma al Poder Judicial redujo de 26 a once el número de ministros integrantes de la SCJN, incluido su presidente. Además, entre otros elementos, se creó el Consejo de la Judicatura.
Esquema
El panorama actual pareciera replicar, aunque con diferentes actores y tendencias, la era dorada del partido que gobernó al país por siete décadas. Evidentemente, con usos y costumbres propios, así como sus métodos.
Del tapado se pasó a las corcholatas, pero en el fondo el comportamiento en general de los principales actores del esquema político y la clase gobernante parecen similares. Como si Morena, guardadas las debidas proporciones, hubiera tropicalizado el esquema de gobierno priista.
A fin de cuentas, no hay que dejar de lado que el dominio hegemónico es una constante que aparece en muchos países, independientemente de la tendencia ideológica de sus administraciones.
En la próxima administración, como sucederá con toda seguridad, al menos durante los primeros tres años el Ejecutivo contará con el acompañamiento del Legislativo, la mayoría de los gobiernos estatales y los Congresos locales. En consecuencia, los cambios y ajustes se mantendrán, en tanto la oposición encuentra la forma de hacerse escuchar, tal como sucedió en el pasado.
Principalmente hasta el momento en que la oposición sea capaz de crear un liderazgo social sólido, que le permita ser competitiva en el proceso electoral, pero de manera destacada hasta que la ciudadanía mediante el voto, como lo ha hecho desde 2000, determine que es necesario optar por la alternancia, tal y como lo hizo en 2000, 2012 y 2018.
En tanto, la hegemonía morenista con sus partidos satélite estará vigente, con sus particulares usos y costumbres, a la espera de que la historia se reedite de nueva cuenta.