Cero impunidad y tolerancia en el marco de la cooperación México-Estados Unidos en el combate a los grupos criminales es el mensaje implícito que acompañó la entrega de 29 personas solicitadas por la justicia estadunidense.
Se trata de la mayor entrega de su tipo realizada en la historia de la relación bilateral y sin duda hará que los líderes de los cárteles del crimen organizado, sicarios y delincuentes en general tengan presente que en caso de ser requeridos por la justicia estadunidense pueden ser entregados sin pasar por la aduana de la extradición, que en el fondo les garantizaba que no serían condenados a muerte.
Esto aunque en el caso de ser deportados o retornados a México tras cumplir con su condena en Estados Unidos no les eximirá de la posibilidad de ser aprehendidos y procesados por los crímenes cometidos en territorio nacional.
El panorama que se aprecia en general parece revelar que la suerte de Rafael Caro Quintero está echada al ser requerido por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar: podría ser condenado a muerte y con ello la administración Trump se anotaría un triunfo histórico.
Sin embargo, en el fondo la situación se recrudece tomando en cuenta la denominación reciente de que fueron objeto los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas globales: las penas y acciones en su contra disponen incluso de sus propiedades y bienes económicos, primordialmente los ubicados en territorio estadunidense, sin que se descarte la posibilidad de los que se encuentren en los denominados paraísos fiscales.
No hay casualidades
En política no hay casualidades, como con toda certeza no fue fortuito que la entrega se concretara en el marco de la reunión de alto nivel de grupos de seguridad de México y Estados Unidos, así como en días previos a que concluyera la pausa acordada en torno de la imposición de aranceles.
Sin embargo, lo verdaderamente importante es que por donde se quiera ver el discurso de los abrazos y no balazos quedó en el pasado.
A partir de ahora está abierta la posibilidad de que los líderes o integrantes de grupos del crimen organizado que sean aprehendidos y tengan un requerimiento por parte de la justicia estadunidense sean entregados, en caliente, al amparo del mismo mecanismo con el que se operó la entrega de los 29.