El gobierno de México no solo gasta mucho, sino que gasta mal. El pasado 11 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025. El documento programa un gasto de 9.3 billones de pesos, pero sin generar los ingresos suficientes para cubrirlo: solo ocho billones 56 mil millones de pesos.
Prevé así un déficit amplio, los “requerimientos financieros del sector público”, de 1.4 billones de pesos. Es el monto en que tendrá que aumentar la deuda pública el año que viene. Esto es equivalente a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB), quizá menos que 5.9% de 2024 pero todavía una cifra enorme.
La aspiración de la mayoría de los padres de familia es lograr el mayor ingreso posible en su trabajo para que sus hijos puedan vivir mejor. La filosofía del gobierno es radicalmente distinta. Gasta hoy todo lo que puede, incluso lo que no tiene, para dejar a hijos y nietos la factura en forma de deuda.
Además de ser un presupuesto injusto, es engañoso. El documento afirma que los ingresos de 2025 serán 4.5% mayores a los de 2024, es decir, 415 mil millones de pesos, por “un impulso a los ingresos tributarios en 156 mil millones de pesos como resultado del mayor dinamismo de la actividad económica estimado para el siguiente año”. Considera que después de un crecimiento decepcionante de 1.5% este año la economía mexicana se expandirá entre 2 y 3% en 2025.
Solo que ningún economista fuera de la Secretaría de Hacienda piensa que se puedan alcanzar estas cifras. El Banco de México (Banxico) prevé una expansión de 1.2%, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta 1.3%. El problema es que si no se alcanza una expansión de por lo menos 2.5% los ingresos serán menores y, en consecuencia, mayor será el endeudamiento del país.
Recortes
Lo peor es que el gobierno planea en su presupuesto recortar los recursos de sus funciones más importantes. En la seguridad pública, que sigue siendo uno de los grandes pendientes del régimen, el recorte es de 42.9%; en salud, 12.2%; en transporte, 8.1%; en ciencia, tecnología e innovación, de 7.4%. Incluso en educación, ramo al que se le reasignó más dinero en comisiones, se registra un recorte de 0.6%. Especialmente sorprendente es el hachazo al abastecimiento de agua, de 29.5%, en un momento en que México ha venido sufriendo angustiantes sequías.
De último momento, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decidió hacer también fuertes recortes al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos autónomos, a pesar de que el gobierno ya ha tomado el control de estas instituciones. En el caso del INE el recorte, de 13 mil 400 millones de pesos, es ligeramente superior al monto que la institución pidió para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la reforma judicial. Así, el gobierno exige unas elecciones para jueces, pero se niega a pagar por ellas.
Mientras el gobierno recorta el dinero de sus funciones sociales, aumenta el de programas sociales, cuya principal virtud es comprar votos; subsidia a una endeudada Pemex; regala 40 mil millones al Tren Maya, que no se completó a tiempo ni en presupuesto en el sexenio pasado; y quiere además construir nuevos trenes sin estudios previos de factibilidad económica.
Es un gobierno que castiga lo esencial y gasta en lo superficial.