Al final el Senado organizó una tómbola para escoger a los candidatos del Poder Judicial. ¿Qué tal eso como ejemplo de la división de poderes en la Cuarta Transformación (4T)?
Los integrantes del comité de evaluación de candidatos del Poder Judicial, quienes hicieron el trabajo más exigente para examinar a los aspirantes a juzgadores, se vieron obligados a renunciar. Por un lado, un juez de distrito ordenó una suspensión al proceso, que los comités de evaluación del Legislativo y el Ejecutivo desacataron sin chistar; pero por el otro el Tribunal Electoral les ordenó continuar con el proceso y los amenazó con sancionarlos en caso de no hacerlo. Los consejeros finalmente declararon que había una “imposibilidad jurídica” para continuar con su trabajo y renunciaron.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, de la 4T, los cuestionó en redes sociales: “La resistencia reiterada de las y los integrantes del comité de evaluación, designados por la mayoría de ministras y ministros de la SCJN, llega al extremo de renunciar al deber que les fue confiado”. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, criticó al comité: “Es evidente que no quieren que se haga la elección. Eso es todo el tema, porque rechazan y no reconocen al pueblo y se creen por encima de los tres poderes. Solo les faltó decir la Constitución soy yo”.
Uno podría preguntarse por qué tanto interés de miembros de la 4T por mantener la lista de candidatos del Poder Judicial, cuando el Legislativo y el Ejecutivo ya han llenado sus listas de incondicionales al régimen. La razón es clara. Las ministras de la 4T en la Suprema Corte han impulsado dentro de la lista del Poder Judicial a sus preferidos, muchos de los cuales son integrantes de sus equipos de ponencias. No querían que se quedaran fuera del proceso simplemente porque el comité de evaluación decidió acatar una suspensión de un juez de distrito que los demás comités debieron haber obedecido también.
Dañina
Lo que estamos viendo ahora, sin embargo, borda en lo ridículo. El Senado es el encargado de escoger a los candidatos del Poder Judicial, en abierta violación a la división de poderes que todavía se plasma en la letra de la muy parchada Constitución de la 4T. Pero además lo hace por medio de una tómbola en la que, por el número de los candidatos que quedaban del proceso, todos los aspirantes pasarán en automático. Es una farsa convertida en ceremonia oficial.
De todas las herencias del expresidente López Obrador a su sucesora Claudia Sheinbaum y al país, la reforma del Poder Judicial es quizá la más dañina. En lugar de atacar los muchos problemas del sistema de justicia de nuestro país, que empiezan desde las fiscalías y los ministerios públicos, la reforma está destituyendo a todos los jueces de carrera para reemplazarlos con políticos que buscan los cargos en una votación popular. Pero si el fondo es malo, lo es más el proceso, surgido de la imaginación de un político que siempre pensó que las ocurrencias podían ser políticas públicas. No solo ha politizado la justicia, sino que lo hizo con un sistema inoperante.
Estamos viendo un proceso desaseado en el que algunas ministras ya están en campaña electoral. No vamos a una elección democrática. El nombre del juego es controlar las listas de candidatos. Y todo porque un presidente se molestó con los jueces de carrera porque otorgaban suspensiones o fallaban en contra de sus acciones y leyes que eran abiertamente inconstitucionales.