Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol.
Martin Luther King (1929-1968)
Un reciente estudio del Transnational Institute y del Institute for Policy Studies reportó que el actual sistema de protección de inversiones extranjeras de México es muy costoso y, sobre todo, injusto e inequitativo. Cerca de 14 mil millones de dólares están en riesgo y tendrían que pagarlos el gobierno y empresarios mexicanos.
En 2023 México fue el país con más demandas recibidas a nivel global bajo tratados de inversión. Y las pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano tienen un responsable: la corrupción que ha prevalecido en el Poder Judicial.
Actualmente, estamos en el tercer lugar en América Latina y en el cuarto a nivel mundial por el número de demandas de arbitraje internacional, con un total de 55 casos hasta junio de 2024.
Durante la última renegociación del TLCAN, que luego derivó en TMEC, Estados Unidos abogó por preservar el espíritu de la protección de inversiones y la resolución de controversias a través del mecanismo inversionista-Estado (Investor-State Dispute Settlement), conocido como ISDS por sus siglas en inglés. Todo ante la desconfianza en el sistema judicial mexicano.
Así se llevaban a cabo arbitrajes en paneles internacionales. Desde 1997 el Estado mexicano ha sido condenado a pagar más de 341 millones de dólares a inversionistas en 14 casos.
Lo grave es que las demandas pendientes suman 13 mil 635 millones de dólares y podrían ser más, ya que no toda la información es pública. Y la pregunta es: ¿por qué México ha perdido estos montos exorbitantes en sus disputas arbitrales?
La respuesta es simple: por los vicios y malas prácticas que han prevalecido en nuestro sistema judicial.
Un reciente ensayo del profesor de derecho del CIDE, Luis Jardón, quien analizó el caso LMC vs. el Estado Mexicano, concluye que el Estado mexicano fue condenado a pagar más de 47 millones de dólares por “denegación de justicia” o, en otras palabras, por la falta de cuidado en las notificaciones a las partes, el exceso de formalismos procesales, la falta de capacitación y la insensibilidad del personal judicial. Todos, problemas estructurales que generan una cultura jurídica procesalista que se traduce en serias deficiencias en la administración de justicia y el debido proceso.
El Plan México, que lidera Altagracia Gómez, ve la necesidad de atraer inversiones cercanas a 300 mil millones de dólares en cinco años. Por ello, ante la inminente renegociación anticipada del TMEC, conviene dejar de lado posturas nacionalistas y soberanistas y concentrarse en evitar que los conflictos judiciales de alto riesgo, que hoy están vigentes entre inversionistas extranjeros y empresas nacionales, lleguen a tribunales arbitrales internacionales. Además, son juicios onerosos.
El saneamiento de la justicia en México ofrece opciones para evitar esos golpes a la economía nacional. Ahí está la verdadera capacidad de negociación del equipo que Marcelo Ebrard encabeza en Economía.
Refugios
En línea con los pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de Puebla, con la arenga de no se permitirán difamaciones ni violencia contra las mujeres, inauguró la Casa Violeta en Acatlán. Ningún delito contra las mujeres quedará impune. Las Casas Violetas que se instalarán en 27 microrregiones serán refugios ante la violencia contra las mujeres.
Dinero Grupo Posadas, que lidera Pablo Azcárraga Andrade, abrirá tres hoteles en México: Gamma Toluca, Gamma Mazatlán Centro Histórico y Curamoria Casa Lucila, hotel boutique, que se unen a las más de 200 unidades de la firma. Con esto el sello Gamma suma 25 complejos e impulsa la marca Curamoria como línea de hoteles boutique.
Samsung nombró a Thomas Yun como presidente de la compañía tecnológica coreana en México. Yun sustituye a Jason Kim, quien ahora será presidente de la subsidiaria en Panamá.
Responsabilidad Social En 2024 Fomento Empresarial Mexicano, FEMSA, que lidera José Antonio Fernández, ingresó al Dow Jones Sustainability World Index. La empresa se coloca entre las cinco mejores de su industria y en el top 10 del S&P Índice Global Broad Market, un reconocimiento a sus prácticas de Responsabilidad Social y Gobernanza. Además, su permanencia por siete años en el índice MILA Pacific Alliance refuerza su relevancia de la sostenibilidad en América Latina.