La función de un gobierno debe ser gobernar. Es un trabajo de por sí complicado, pero se vuelve imposible si se quiere compaginar con otras tareas. Lo peor es pretender convertir al Estado en empresario.
Los gobiernos del PRI hegemónico del siglo XX, sin embargo, trataron de hacer eso precisamente. En 1934 contaban con 15 paraestatales, en 1962 con 206 y en 1982 llegaron a mil 155.
Estas compañías se manejaban con criterios políticos; eran encabezadas por burócratas y no por empresarios; y los precios de sus productos se fijaban de manera arbitraria. No sorprende que tuvieran pérdidas.
Las “paraestatales”, como las llamaban, fueron uno de los principales factores de la quiebra del Estado mexicano en 1982, la cual llevó a la “década perdida” de los ochenta que empobreció dramáticamente al país. Muchas fueron vendidas o cerradas en la crisis, pero pasó mucho tiempo para que las finanzas nacionales quedaran saneadas.
Parecería que los políticos mexicanos habrían aprendido la lección, pero no. El expresidente López Obrador empezó otra vez a proteger y crear empresas estatales. A Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les eliminó la necesidad de competir en el mercado. Empezó además a tomar decisiones que no tenían sentido de negocios, como construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, a pesar de que la refinación siempre le ha generado pérdidas a Pemex.
Pronto estableció nuevas empresas que entregó a los militares. Así se hizo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y se está construyendo el Tren Maya, que a pesar de varias inauguraciones sigue sin concluirse. En 2022 se creó una minera, LitioMx, a la que se le dio un monopolio sobre el litio para que no enfrentara competencia. En diciembre de 2023 el gobierno lanzó una nueva aerolínea, para la cual compró la vieja marca comercial de Mexicana de Aviación.
Sangría
Todas estas empresas, y otras más, compartían una característica: ninguna tuvo un plan previo de factibilidad económica —que cualquier inversionista privado elabora antes de arriesgar su dinero— ni un plan de negocios. Tampoco contrataron a ejecutivos con experiencia. López Obrador estaba tan seguro de que serían rentables, que ordenó que 25% de las utilidades de las firmas manejadas por Defensa y Marina se utilizaran para subsidiar las Pensiones para el Bienestar creadas en 2024.
Lejos de tener utilidades, sin embargo, las nuevas paraestatales dejan una sangría creciente de recursos públicos.
Mexicana de Aviación, por lo pronto, ya canceló el 6 de enero ocho de sus 18 rutas. El Tren Maya, que ha costado tres veces más que lo presupuestado pese a no estar terminado, opera muy por debajo de su capacidad. El gobierno presiona a las aerolíneas de pasajeros y fuerza a las empresas de carga a utilizar el AIFA; sus directivos afirman que está cerca de un punto de equilibrio operativo, pero será imposible amortizar la inversión y, mucho menos, los más de 300 mil millones de pesos que costó cerrar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Como si esto no fuera suficiente, el gobierno presentó el 6 de enero un nuevo proyecto: una empresa para ensamblar miniautos eléctricos con la marca Olinia. Tampoco ahora hubo estudio de factibilidad ni plan de negocios. La armadora será encabezada por un político sin experiencia empresarial. En la presentación hubo muchas expresiones de nacionalismo emocional y de buena voluntad, pero ninguna cifra concreta. Es claro que Olinia, también, terminará perdiendo dinero del pueblo.