La definición del número de diputados y senadores plurinominales que corresponden a cada partido político, por parte del árbitro electoral, que es el único facultado para determinarlo, está por concretarse y con ello terminarán interpretaciones y especulaciones que nunca debieron existir.
México, se quiera aceptar o no, es un país de leyes y hay que respetar el proceso, pues a pesar de que otros personajes políticos se quieran abrogar el derecho de interpretación existen instancias encargadas de la definición.
En concreto hay que tener claros dos aspectos básicos: los ámbitos de competencia de quienes se han atrevido de manera indebida a proclamar cifras y pretender que su evaluación sea tomada como verdad absoluta; y, segundo, que el proceso electoral no concluyó —por más que se insista— con la jornada electoral del 2 de junio, cuyos resultados en términos numéricos están firmes.
A partir de ahí, lo evidente es que quienes dicen respetar las normas y el Estado de Derecho debieron hacer caso de aquella célebre expresión de “ya cállate, chachalaca”, para dejar que quien debe determinar cuántos diputados y senadores plurinominales le corresponden a cada partido político lo haga.
La campaña quedó rebasada y la presión que se pretende ejercer sobre el árbitro electoral, al momento, lo único que ha hecho es desviar la atención social de otros temas de evidente interés.
Por otra parte, no hay que olvidar que también se tuvo que concretar la calificación del proceso electoral, que deriva en la emisión del documento que acredita a Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México para el periodo 2024-2030.
Y a partir de ese momento Sheinbaum deja la condición de “virtual presidenta electa” y los anuncios que realizó de futuras designaciones podrán comenzar a formalizarse, porque más allá de la parafernalia que los rodeó aún deben ratificarse en el plano legal.
Senda legal
Mientras los actores políticos se enfrentan en una batalla estéril de interpretaciones, con cifras y evaluaciones que carecen de validez, tanto el INE como el TEPJF se enfocan en realizar el trabajo que tienen asignado como parte del proceso electoral con miras a su conclusión.
De ahí que se espere que antes del 23 de agosto se determine de manera oficial el número de diputados federales y senadores que corresponde a cada partido. Una decisión que puede ser recurrida, pero que a fin de cuentas será la única legal y válida, misma que en su momento puede ser ratificada o modificada, pero sin que ninguno de los actores políticos que al momento han tratado de abrogarse el derecho de interpretación tenga parte directa en esa deliberación.
Eso es claro e irrebatible: la senda legal del proceso electoral aún no concluye.
Y a partir de esa decisión se determinará si Morena cuenta o no con la mayoría absoluta en el Congreso o no, que es lo que realmente está en duda.
Por lo que hace a la Presidencia, la entrega de la constancia a Sheinbaum tuvo que pasar por una etapa legal, en la que la Sala Superior del TEPJF desechó 159 impugnaciones promovidas por PRD y PAN contra el resultado de la elección.
Con ello se allanó el camino rumbo a la calificación de esa parte de la elección y la entrega, el 15 de agosto, de la constancia de mayoría a Sheinbaum, candidata de Morena.
Pero también se tuvo que resolver el denominado “juicio madre” (conformado por los juicios de inconformidad 144 y 145 y el juicio ciudadano 906), en el que se buscó impugnar irregularidades graves que pondrían en duda la certeza de la votación, entre ellos el impacto de la violencia que vivió el país en la elección.
A fin de cuentas, con las herramientas y recursos a su alcance, en el marco de la legalidad, el árbitro electoral saca adelante el proceso electoral en un escenario donde de manera falaz más de un actor político trató de intervenir en un ámbito y decisión que no le corresponden.