Ya hace algunas semanas escribimos aquí sobre el creciente y a veces poco sensible activismo de Donald Trump, que nuevamente lo pondría en una inevitable ruta de colisión con aquellos que desean un retiro permanente del expresidente norteamericano.
En esa reflexión dejamos abierta la posibilidad de que los ánimos recrudecieran y los pendientes en el campo de lo estrictamente jurídico vengan a cobrar facturas en un momento estratégico a quien fuera el polémico presidente de nuestros vecinos del norte.
Pero algo hay que tener cristalinamente claro: más allá de la contaminación política que de forma encauzada el propio Trump ha querido arrimar al caso, existe una acción que bien puede configurar la comisión de un delito, puesto que destinar dinero perteneciente a las arcas de una campaña política como la que en un momento llevaba a cabo el exmandatario, hacia un pago que compraría el silencio de una actriz de cine para adultos es a todas luces una acción altamente irregular y, de probarse en todos sus elementos, un delito.
El tema propone varios retos y oportunidades para distintos actores involucrados en el caso. En primer término, a nadie es ajena la astucia que Trump impone para que eventos como este lo puedan catapultar en las preferencias electorales y en el gusto de una parte de la sociedad estadunidense que aún lo ve como un real mesías político para esa nación.
Si Trump puede bordear los argumentos jurídicos, que en esencia son aquellos que deberían prevalecer, y puede además colocar la discusión en el campo de la victimización a su persona y el ataque político para limitar su futura participación política habrá ganado una gran batalla.
A prueba
Por lo pronto, ya logró lo que para algunos parecía improbable: avivar sólidos apoyos dentro del Partido Republicano. A tal efecto, el propio líder de dicho partido inició el ataque y cuestionamiento hacia la actuación del fiscal encargado del caso, a quien pretenden desacreditar por el uso de fondos federales para sustentar la investigación en curso contra el expresidente.
Pero más allá del cometido electoral, valdrá la pena detenernos en otros recodos del análisis. El más importante quizás es que estamos en un terreno absolutamente inédito para Estados Unidos; nunca en la historia había existido una acusación y posible sujeción a juicio de un expresidente. De ahí, la ruptura de la amplia tradición para la transmisión del poder por vías pacíficas para los norteamericanos puede significar diversas válvulas de escape y oportunidad de expresión violenta de la inconformidad.
La presión social se mantiene a tope en temas como economía y falta de empleo. Contar con un pretexto para volcarse contra el actual gobierno y sus instituciones sería una grata ocasión para quienes buscan la conflagración.
Por otra parte, el contagio que este evento puede presentar para las elecciones primarias de 2024 puede tener dimensiones insospechadas, al grado de hacer girar la selección de candidaturas en un diálogo exclusivo sobre el tema Trump. El posicionamiento que personajes como Ron DeSantis o Nikki Haley han logrado se podría opacar a grados de borrarse del mapa de forma temporal. Además, una gran cantidad de personajes con apegos y apoyos de Trump tendrán que supeditar sus propias rutas a la ruta general de defensa de quien ya se sitúa como un real mártir de la política norteamericana.
A casi un año de las primarias republicanas no se tiene un anticipo de cómo sería el comportamiento del electorado en escenarios donde se someta o no legalmente a Trump.
Pero en caso de que se siguiera en el cauce de la formal acusación y posible detención el sistema legal estadunidense estará a prueba para que bajo ninguna circunstancia se apersone un juicio fallido. Si se sustenta el juicio se tendrá que llegar obligadamente y sin dudas a la declaratoria judicial de culpabilidad.
Y así, poco a poco, sin que sea el principal cometido, con estas acciones se modifica el pensamiento político respecto del tratamiento y papel de los expresidentes en la vida nacional.