“Ten cuidado con lo que quieres, no sea que lo logres”. Esta frase, muy popular en Estados Unidos, debería ser considerada con más frecuencia por los políticos de nuestro país. Quizás evitaría errores importantes.
El sueño de todo político es llegar al poder en su país; en México, a la Presidencia de la República. No tengo la impresión de que la presidenta Claudia Sheinbaum sea particularmente ambiciosa, pero estoy seguro de que desde hace varios años le quedó claro que podía llegar a ese cargo con el que sueñan tantos de sus colegas. Y quizá, si alguien aspira a llegar al puesto de mayor poder, imagine que pudiera ejercerlo sin las negociaciones cansadas y a veces infructuosas con los miembros de la oposición.
A la presidenta se le cumplieron todos los sueños posibles… y más, muchos más. Se ha convertido en la primera mujer en alcanzar la Presidencia, pero lo ha hecho con mayorías calificadas en las dos cámaras del Congreso. Su predecesor le dejó, además, una serie de iniciativas de reforma constitucional que le darán un poder absoluto, que ningún mandatario mexicano ha tenido desde los tiempos del partido hegemónico.
Las iniciativas de López Obrador ya han borrado la independencia de los jueces y están por eliminar a los molestos órganos autónomos, contrapesos del poder desde la década de 1990. Sheinbaum tiene en este momento más fuerza que López Obrador, que sí tenía que vivir con estos contrapesos. Habría que regresar a los tiempos de José López Portillo y Luis Echeverría, o quizás a los de Porfirio Díaz, para encontrar a un Ejecutivo con más poder.
Deterioro
Sheinbaum cuenta ya con los instrumentos de gobierno de una dictadura, pero no parece que tenga vocación de convertirse en tirana. Después de todo, surgió de las filas de los universitarios que se rebelaron contra los gobiernos autoritarios de otra generación. Convertirse en dictadora sería traicionar su historia.
Hoy, sin embargo, la presidenta empieza a enfrentarse con las consecuencias de la herencia ponzoñosa de su predecesor. La reforma judicial que lanzó AMLO el 5 de febrero no solo acabará con la independencia judicial, una de las características más distintivas de una democracia moderna, sino que será una pesadilla de administrar. El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió 13 mil 200 millones de pesos para hacer una elección conforme los estándares de calidad de nuestro país, pero la presidenta Sheinbaum, quien enfrenta también el reto de un presupuesto descarrilado en el último año de López Obrador, pidió que el monto se reduzca a la mitad. Una obediente presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aceptó realizar este recorte, pero todos los consejeros saben que esto no se podrá lograr sin disminuir la certeza del proceso electoral.
Los consejeros del INE han pedido ahora al Congreso, que no es ni debe ser su patrón, un aplazamiento de 90 días desde la fecha del 1 de junio para la elección. El problema es que esto no se puede hacer sin cambiar nuevamente la Constitución, que ya tiene más parches que el texto original.
Una presidenta electa con casi 60% de los votos, en una elección democrática, está teniendo que gobernar un país cuyas instituciones se deterioran cada vez más. Habrá elecciones poco confiables para elegir a nuevos jueces, los cuales llegarán a los cargos sin conocimiento de las prácticas jurídicas.
Es muy mala manera de empezar un gobierno. Las circunstancias están castigando a Sheinbaum tras haber obtenido todo lo que un político podía desear.