Como lo he apuntado en otras ocasiones, México es tema y agenda del gobierno del presidente Donald Trump. De hecho, en su discurso de inauguración cuatro de los cinco pronunciamientos aludieron a nuestro país: la declaración de emergencia nacional en la frontera sur (de Estados Unidos); la aplicación de aranceles o impuestos a la mercancía procedentes de México; políticas y prácticas injerencistas contra la producción y tráfico de fentanilo; contención y expulsión de la migración irregular, además de retomar el control de Canal de Panamá.
Ahora, el martes de la semana pasada, Trump de nueva cuenta arremetió contra el gobierno de la presidenta Claudia Scheinbaum a propósito de que desde la visión de los servicios de inteligencia y seguridad civiles estadunidenses las organizaciones criminales tienen parte importante del control del territorio mexicano.
Esto no solo es un señalamiento, sino que tiene que ver con la estructura y capacidad del Estado para ejercer el poder institucional y la aplicación de la ley.
El general Liddell Hart, en su clásica y fundamental obra La estrategia de aproximación indirecta, entre otras tesis, apunta que la mejor manera de acorralar y reducir las capacidades del enemigo en condiciones de confrontación armada es reducirle los espacios de movimiento y de abastecimiento.
No es necesario, señala el general Hart, atacar de forma contundente, dado que habría bajas mortales de personas inocentes y, por tanto, ajenas al conflicto. Así, en México, las autoridades federales del orden actúan en función de la protección de la población y de los derechos humanos.
Por eso se equivoca el presidente de Estados Unidos al afirmar que hay espacios de la geografía de México que controlan el crimen organizado. Debe considerarse que hay restricciones jurídicas internacionales que no permiten el uso de cierto tipo y calibre de armamento contra la población, aunque sean criminales. De lo contrario, es evidente que en cualquier confrontación y en cualquier circunstancia los elementos que integran a las Fuerzas Armadas del Estado darían cuenta de los transgresores de la ley.
Hipótesis
Por eso, y de nueva cuenta, las afirmaciones de Trump van por el camino de la exacerbación y la polarización para abrir supuestas opciones de intervención directa en nuestra geografía. Sin embargo, en su notable insistencia, y aun con el apoyo de sus colaboradores civiles en las áreas de seguridad, inteligencia y defensa, las estructuras y mandos militares persisten en conservar los notables niveles de colaboración y cooperación con el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. Los gobiernos pasan, pero las alianzas permanecen.
Desde luego que los antagonismos estructurales que cada país enfrenta deben ser abordados desde una dinámica interna; pero la cuestión radica en que la agenda de seguridad internacional requiere de enfoques multilaterales. El crimen organizado, procedente de diversas naciones, no tiene ni cuenta con las capacidades para desestabilizar el contexto georregional. Pero sí, en cambio, puede generar presiones sobre los sistemas sociales locales.
La insistencia de Trump apunta en ese sentido: tratar a las bandas delictivas como una expresión local. ¿Pero qué harían los vendedores de drogas sin un mercado creciente de consumidores? Tal vez, desde la hipótesis del control del territorio por parte de las organizaciones criminales, también algunas regiones de la geografía estadunidense se encontrarían bajo presión.