La Constitución es un plan de vida del pueblo. Responde a la pregunta de cómo se ve a sí mismo en el futuro, cuáles son sus prioridades y qué debe atender. De esta manera la Constitución ha venido ajustándose a la realidad política, lo que ha llevado a cientos de cambios constitucionales desde su promulgación.
Después de un triunfo abrumador de la izquierda en 2018 y ratificado en 2021 mucho se cuestionó si debía convocarse a un nuevo Congreso Constituyente y aparecieron los fantasmas de la reelección o del cambio del modelo económico. El entonces presidente, durante la primera parte de su mandato, llevó a cabo modificaciones sobre revocación de mandato, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, desaparición de la “partida secreta”, prohibición de condonación de impuestos, que nadie pueda ganar más que la persona que ocupe la Presidencia, echar abajo la reforma educativa, acotar el fuero constitucional, reconocimiento de los pueblos afromexicanos, entre las más importantes.
Sin embargo, en la segunda parte de su mandato no logró tener la mayoría calificada en el Congreso y eso impidió que se aprobaran reformas como el traslado de la Guardia Nacional a la Defensa o la reforma en materia energética y la Suprema Corte declaró inconstitucionales las reformas legales.
En la elección de 2024 el resultado de las urnas dio como consecuencia una mayoría muy amplia a la izquierda, que sumando algunos senadores le permitió consolidar una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas de los estados, lo que ha permitido hacer un rediseño institucional que en los hechos genera un cambio de régimen, en tan solo un periodo de sesiones se han hecho una serie de reformas constitucionales fundamentales como el traslado de la Guardia Nacional a la Defensa, la reforma en materia energética, la extinción de diversos órganos autónomos e igualdad sustantiva. En lo que resta de esta Legislatura podría llevarse a cabo una reforma electoral y la recientemente aprobada reforma del Infonavit.
Nueva etapa
La reforma al Poder Judicial, cuya parte medular es la elección de personas juzgadoras, tiene como propósito acercarlo al pueblo, romper los vicios de nepotismo, excesos y privilegios, y garantizar el acceso de las personas en condiciones de igualdad a los cargos del sector.
Democratizar al Poder Judicial es fundamental para consolidar un sistema de justicia que atienda el reclamo de una justicia más accesible, ágil y de calidad.
La titular del Ejecutivo ha planteado la desaparición de la figura de la reelección inmediata en todos los cargos del Ejecutivo y el Legislativo, así como la prohibición de “heredar” esos cargos a los parientes. También ha sido muy importante el reconocimiento de los derechos sociales en la Constitución, principalmente la pensión de adultos mayores o Mi Beca para Empezar.
Por eso podemos hablar válidamente de la construcción de una nueva etapa del constitucionalismo mexicano, que logre fortalecer al Estado, democratizar el poder público, fortalecer el estado social de Derecho, contar con instrumentos más eficientes en materia de seguridad, dar un sustento importante a la estabilidad y el crecimiento económico; lo que contrasta visiblemente con el modelo neoliberal que imperó por décadas y sobre todo con el fracaso del denominado Pacto por México impulsado por Peña Nieto.
Resulta interesante el alto nivel de aceptación en la población de estas reformas y muy lamentable que algunos sectores del Poder Judicial se obstinen en tratar de echar abajo las reformas constitucionales a través de algunos “amparos”, a pesar de la disposición expresa de la Constitución de que eso no es posible.