Diputados de la Ciudad de México van por incrementar las penas para todas aquellas personas que defraudan y despojan de sus viviendas con toda impunidad y hasta se permiten vender a través de las redes sociales el producto obtenido ilícitamente, por lo que también solicitan a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) elaborar una estrategia para desmantelar a esas bandas delictivas.
A través de una iniciativa el diputado Gonzalo Espina Miranda, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, demanda aumentar las penas para los fraudes y despojos cometidos por diversos grupos porque también se trata de un hecho que puede constituir asociación delictuosa, lo cual se agrava “cuando la calidad específica la tienen servidores públicos”.
En los últimos años han surgido diversos grupos que han hecho del despojo un lucrativo negocio, en el que se ven involucrados hasta funcionarios de vivienda que avalan las propiedades obtenidas ilegalmente con el argumento de que se levantan viviendas populares, de las que hay gran demanda porque el déficit se incrementa año con año. Y los gobiernos no han sido capaces de reducir esa brecha en beneficio de las familias demandantes, razón por la que son objeto constantemente de fraudes. ¡Por supuesto!
“La FGJCDMX debe organizar alguna estrategia que le permita ir desmantelando a quienes ofertan casas y departamentos por redes sociales, pero que son simples defraudadores que engañan al futuro comprador. A diario aparecen los mensajes o la publicidad en redes sociales, que difunden fotografías de los inmuebles acompañadas de promociones en el enganche o en las que el valor de la propiedad resulta muy atractivo”, dice el legislador de Acción Nacional.
Tiene razón: las redes sociales están inundadas de publicidad de inmuebles, cuyos propietarios muchas veces ni se enteran de que están en venta sin su consentimiento. Y no solo aparecen en venta: un buen número se anuncian en renta. Y es más fácil la estafa, puesto que de entrada les solicitan un depósito, del que no se vuelve a saber nada, ni de la persona con la que supuestamente se negoció. Y la gente lo hace porque le dicen que hay muchos interesados y el que deposite primero gana el inmueble en renta. Casi nadie denuncia porque no tienen ningún papel que les permita hacerlo. ¡Lástima, Margarito! Le llevaron al baile.
“Hay muchos casos de estos fraudes. Y muchos se relacionan con el Instituto de Vivienda (INVI), donde las citas para “dialogar” sobre los requisitos se llevan a cabo afuera del edificio sede. Los defraudadores lo hacen así para dar la impresión de que trabajan o tienen contactos dentro del instituto. Pero es simplemente una fachada para engañar y consumar la extorsión”, explica Espina.
Desafortunadamente estos grupos de defraudadores siempre buscan personas dentro de las instituciones para que les faciliten realizar los fraudes ya que reciben parte del dinero que obtienen de los ingenuos clientes. Y es por eso que se propone reformar el Código Penal para incrementar las penas para estos delincuentes, expertos en la extorsión a quienes con muchos sacrificios ahorran con la esperanza de obtener una vivienda, que por cierto cada día es más difícil y cara en esta ciudad. ¡No, pos sí!
El bolso de Laura…
Ahora déjeme contarle que se propondrá una pena hasta de 15 años de prisión para quienes roben, extraigan o comercialicen agua de manera ilegal, que las autoridades detectaron en algunas zonas de la alcaldía de Tlalpan. Se dice que para frenar en lo inmediato esos robos se solicitó a la Fiscalía capitalina que junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana desmantelen esas bandas que hasta las pipas se roban de la vía pública. No se debe permitir que se venda hasta en dos mil pesos una pipa de agua, sino poner alto a este delito que ha propiciado la sequía. ¿Será?...