Contar con una casa propia es con mucho el anhelo de la mayoría de los trabajadores y para quienes llegan a conseguirlo se traduce en su principal activo patrimonial.
Una instancia a la que la mayoría de los trabajadores recurre por las condiciones financieras que ofrece es el Infonavit, que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recobra su rol de desarrollador inmobiliario con un plan que, además de visionario, se antoja prometedor.
Esa determinación es cuestionada por desarrolladores inmobiliarios e instancias crediticias que en el fondo buscan cuestionar el papel del Infonavit como desarrollador de vivienda, sin recordar que en sus primeros años, como organismo tripartita, tuvo esa función y erigió grandes unidades que a la fecha alojan a miles, quizá millones de familias de trabajadores.
El desempeño del Infonavit a lo largo de la historia fue el principal factor que lo llevó a permanecer durante la primera etapa de la 4T, aunque tuvo ajustes en lo que hace a su operación, orientados fundamentalmente a contribuir a que los trabajadores salden sus créditos en mejores condiciones.
A pesar de todas las eventuales críticas, lo evidente es que los abusos de inmobiliarias y bancos sirven como marco de referencia para establecer que los empleados en general aprecian de manera favorable el plan de vivienda anunciado por Sheinbaum.
Plan de vivienda
La presidenta presentó un programa de vivienda que tiene como meta construir un millón de casas. En general se estima que el programa tendrá un costo de 600 mil millones de pesos y será financiado por el Infonavit y Financiera para el Bienestar (Finabien).
Se prevé que una parte de las viviendas sean para las personas que tienen acceso al Infonavit y otra se otorgue a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Al respecto, precisó que esa otra parte será “para quienes no son derechohabientes y tienen ingresos menores o el mínimo o hasta dos o tres salarios mínimos”.
La construcción de las nuevas viviendas se diversificará. Edna Elena Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), precisó que para 2025 se contará con 165 mil viviendas nuevas.
Indicó que la atención se centrará en las regiones sur, sureste y norte del país, donde se concentra la mayor necesidad de viviendas. En la región sur se construirán 351 mil nuevas viviendas; en el centro 239 mil; en el centro-norte 280 mil; y en el norte 206 mil 800, abarcando tanto áreas urbanas como rurales.
Por lo que hace a la asignación, un porcentaje significativo de las nuevas viviendas se destinará a mujeres, jóvenes, familias indígenas y adultos mayores.
Octavio Oropeza, director del Infonavit, dijo que en el sexenio el instituto tendrá la tarea de invertir 288 mil millones de pesos para la construcción de 500 mil viviendas e informó sobre la creación de una empresa constructora para disminuir los costos y mejorar la capacidad de cumplir con el objetivo del programa.
A su vez, Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi, explicó que se destinará un presupuesto de 285 mil millones de pesos para la construcción de las 500 mil viviendas.
El programa está planteado. Para nadie es un secreto que la industria de la construcción históricamente es un factor vital para el desarrollo económico de las regiones donde tiene presencia, debido al número de empleos directos e indirectos que genera, así como por el efecto que tiene en materia de servicios públicos y apertura comercial que trae aparejado.
Evidentemente, se trata de un programa de largo plazo cuyos beneficios reales serán perceptibles a la mitad de la administración, en 2027, pero lo innegable es que atiende una demanda generalizada de la población, que tiene como aristas abrir la posibilidad de que los buscadores de vivienda cuenten con un mayor número de opciones; contribuir a que el mercado inmobiliario por lo que hace a la construcción se amplíe y diversifique; y establecer una opción más cordial para los buscadores de vivienda en lo que hace a las condiciones de pago y los plazos.
Las condiciones actuales del mercado no son las mejores y prueba de ello son las múltiples quejas que prevalecen en el sector en contra de los desarrolladores, no solo por la calidad de las viviendas sino también por las condiciones de su financiamiento, que no en pocas ocasiones se traducen, con el paso de los años, en deudas impagables.
De ahí que, en general, el programa de vivienda de la presidenta Sheinbaum se percibe como benéfico, sobre todo a partir de que sus acciones impulsarán un desarrollo desconcentrado y mejores condiciones de pago para los trabajadores.