En 2020, como respuesta a las exigencias de colectivas feministas que visibilizaron la violencia de género, se creó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU).
A casi cinco años de su creación esta instancia trabaja en transformar la cultura institucional y prevenir la violencia desde un enfoque estructural.
Paulina Uribe Morfín, subdirectora de Cultura y Comunicación, comparte con Vértigo los avances y retos que enfrenta esta transformación.
—¿Cuál ha sido el mayor desafío para implementar los programas de prevención de la CIGU?
—Uno de los retos más grandes es la resistencia al cambio cultural. Las instituciones tienen lógicas establecidas desde hace décadas y no es sencillo modificarlas. Cambiar las formas de relacionarnos, incorporar el lenguaje incluyente o modificar procesos de evaluación toma tiempo. Además, es necesario contar con un presupuesto etiquetado con perspectiva de género, suficiente para cubrir la magnitud de lo que queremos transformar.
—¿En qué niveles educativos se concentra con mayor urgencia el trabajo?
—En el nivel bachillerato. Los casos de violencia que hemos visto en prepas y CCHs nos preocupan especialmente. Necesitamos estrategias más inmediatas, específicas y eficaces para trabajar con las adolescencias. Ahí se están formando muchas de las ideas que luego se reproducen en otros espacios.
—¿La resistencia al cambio viene más de las generaciones mayores o de las nuevas?
—De ambas. Las generaciones mayores tienden a resistirse, por ejemplo, al lenguaje incluyente. Pero en las nuevas también hay una negación de las desigualdades, con ideas como “ya todos somos iguales, ¿para qué hablar de esto?” Cada grupo expresa resistencias distintas, pero el cambio siempre genera tensión, especialmente en una institución tan grande como la UNAM, que tiene una identidad muy arraigada.
Resultados
—¿Cómo ha sido la relación con las colectivas feministas universitarias?
—Fundamental. De hecho, la CIGU es una respuesta directa a sus demandas. En 2019 al menos 32 colectivas presentaron pliegos petitorios con solicitudes puntuales. A partir de su sistematización se crearon los seis ejes que hoy estructuran nuestro trabajo. También solicitaron la reforma del Protocolo de Atención y de artículos clave del Estatuto General. Gracias a ello, la violencia de género ya se tipifica como falta grave en la legislación universitaria.
—¿Siguen en contacto con las colectivas actualmente?
—Sí. De hecho, muchas de las personas orientadoras comunitarias surgieron de las colectivas o están vinculadas a ellas. Además, materias con perspectiva de género, que hoy suman más de 100 en la universidad, también son resultado de sus exigencias. Seguimos trabajando de manera cercana, especialmente a través del eje de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias.
—¿Qué logros destacaría hasta ahora?
—Hemos logrado construir una política institucional sólida, con programas permanentes de educación, comunicación y vinculación. Tenemos campañas activas, guías de convivencia no violenta, un programa de radio, publicaciones periódicas y espacios de formación. Lo más importante es que hemos traducido años de lucha feminista en políticas universitarias concretas.