La oposición recurre a muchos de los argumentos que usó Andrés Manuel López Obrador en 2006 para decir que hubo un fraude en los comicios del pasado 2 de junio. Se queja, por ejemplo, de que el PREP (Programa de Resultados Preliminares Electorales) fue manipulado; presenta videos de funcionarios de casilla supuestamente rellenando urnas y fotografías de actas con aparentes errores; exige asimismo un recuento “voto por voto, casilla por casilla”.
Es cierto que ningún sistema electoral es perfecto ni a prueba de fraudes, pero el mexicano es bastante mejor que la mayoría. La razón es que se construyó sobre la base de la desconfianza. Las décadas de fraudes electorales, especialmente el de 1988, no dejaron de tener efecto. Por eso el sistema electoral mexicano tiene tantas medidas para impedir fraudes: un Instituto Nacional Electoral (INE) autónomo, una credencial electoral con fotografía y datos biométricos, listas nominales de electores con fotografía, el uso de líquido indeleble para marcar el dedo después de votar, el sellado de la credencial, el conteo de los votos por ciudadanos, el PREP, los recuentos distritales y los recursos al Tribunal Electoral cuando las decisiones del INE no dejan satisfechos a candidatos o partidos.
Verdad es que hay acciones fraudulentas que ningún sistema electoral puede impedir. Un ejemplo es la compra de votos, porque al final el elector toma la decisión de aceptar el cohecho y deposita en la urna, voluntariamente, un voto que, de no mediar la compra, habría favorecido a otro candidato o partido. Pero es muy caro comprar todos los votos en una elección. Otro ejemplo es la presión a votantes.
El sistema mexicano tiene instrumentos de defensa para una elección de Estado. La Constitución y las leyes electorales mexicanas prohíben el uso de recursos públicos para impulsar a candidatos. Fijan también límites a la duración de campañas y precampañas. El INE y el Tribunal Electoral señalaron numerosas faltas del presidente López Obrador en este sentido y decretaron decenas de medidas cautelares, pero nunca se atrevieron a frenar estos abusos, que ocurrieron desde antes de que el proceso empezara legalmente.
Evidente
Sobre las quejas que hoy ofrece la oposición, todas las utilizó ya López Obrador en 2006. Se ha difundido, por ejemplo, el video de una presidenta de casilla supuestamente “rellenando” una urna, cuando lo que hace es tomar las boletas de una persona con discapacidad depositadas en sobre blanco, como establece el protocolo, para colocarlas en las urnas.
Decir que hubo un fraude electrónico es no entender que el PREP es un simple instrumento para adelantar datos, pero el conteo de votos lo hacen físicamente cientos de miles de ciudadanos en las casillas. En una elección con más de 170 mil casillas, por otra parte, siempre habrá ejemplos de errores de los ciudadanos que contaron los votos, pero para remediarlos se hacen los recuentos en los centros distritales. El voto por voto, casilla por casilla, se hace en todos los paquetes con discrepancias, y tanto en 2006 como hoy los recuentos han confirmado los resultados iniciales.
No parece haber indicios de un fraude sistemático, ni en 2006 ni en 2024, pero sí es claro que el gobierno violó ahora la equidad que establecen nuestras leyes.
También es evidente, sin embargo, que con una ventaja de 31 puntos porcentuales el triunfo de Claudia Sheinbaum es inobjetable. Ningún recuento voto por voto, casilla por casilla, puede revertir un margen tan grande.