Belén Sanz Luque, feminista, representante de ONU Mujeres en México, platica en entrevista exclusiva con Vértigo sobre el incremento de la violencia contra las mujeres en el país y cuál es la recomendación desde Naciones Unidas para enfrentar esta situación.
—¿Cuál es el panorama actual de la violencia hacia las mujeres en México?
—En este país 76% de las mujeres es víctima de violencia, siendo la más extrema el feminicidio, que ha tenido un incremento en los últimos años. A esto se suma la pandemia de Covid-19, que profundiza las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres, por ejemplo en materia económica, donde ellas trabajan la mayor parte en la informalidad. Además genera una pérdida masiva de empleos y de protección social pero también un incremento de violencia. Muchas mujeres se enfrentan a una situación de dificultad de acceso a servicios y desde luego de convivencia con sus agresores. Es un panorama que requiere de atención integral a todos los niveles del Estado, de la sociedad y de las instituciones.
—¿Por qué aumenta, cuáles son las lagunas que hay en la ley?
—En México tenemos una normativa a nivel federal muy importante; todos los estados han avanzado en desarrollar leyes generales de acceso a una vida libre de violencia. En este sentido hay un avance pero todavía hay desafíos en torno de la armonización legislativa. Por ejemplo todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio pero a la hora de aplicar esa tipificación y alinearla con estándares internacionales se tiene una serie de brechas y desafíos. En segundo lugar tenemos una estructura del funcionamiento del sistema judicial que todavía carece de una verdadera perspectiva de género. Al respecto tenemos puestos los ojos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que acaba de actualizar el protocolo de investigación con perspectiva de género. Su cumplimiento debe ser obligatorio para todas las fiscalías, al igual que sus procesos de investigación: cada vez que se abra una carpeta de investigación sobre muerte violenta de una mujer debe hacerse con esta perspectiva de género, analizar si la mujer había sido víctima de violencia sexual, si había recibido tratos discriminatorios… Toda esta perspectiva es fundamental en la cadena de justicia.
Un tercer elemento, puntualiza Sanz, “es que la cadena de justicia está estrechamente articulada con las respuestas administrativas; es decir, las mujeres deben acceder a un paquete de servicios esenciales en materia de atención cuando han sido víctimas, tanto de salud como de protección; además del acceso a la justicia. Todo está concatenado para que una mujer tenga la atención adecuada y se rompa el ciclo de violencia”.
Campaña
—¿Cuál es la recomendación desde ONU Mujeres para enfrentar este tema?
—Este año por medio de la campaña “16 días de activismo contra la violencia de género” hemos puesto énfasis en cuatro aspectos: financiar, responder, prevenir y recopilar. Con financiar nos referimos a que es importante que los países brinden un paquete mínimo de servicios esenciales para garantizar los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia, pero que también cubra las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan en los procesos a estas víctimas. Responder se traduce en que las mujeres durante esta pandemia tengan garantizados servicios adaptados a esta situación y para que también se innove con medidas; por ejemplo que una mujer que no pueda hacer una llamada telefónica para pedir apoyo tenga otros dispositivos para acceder a ayuda; la respuesta tiene que ver con esa capacidad de adaptación por parte del Estado. En cuanto a la prevención vemos con buenos ojos el hecho de que la Administración Pública Federal haya puesto en marcha un protocolo de cero tolerancia para la violencia contra las mujeres de la administración pública; se agradece desde lo público pero también desde las instituciones privadas; en este sentido la prevención nos parece muy importante. Y finalmente recopilar datos, información y estadísticas que nos permitan evaluar la situación de violencia contra mujeres y niñas; que con esos datos se nos permita aportar a la definición de políticas públicas con base en estos cuatro elementos.