Desde hace varias décadas uno de los grandes problemas de México, que no se ha podido contener, es la inseguridad y la violencia que se vive, en la que además de afectar a todas las personas se ven mermadas las funciones y la credibilidad de las instituciones del gobierno, principalmente las encargadas de la seguridad pública.
En un Estado de Derecho la seguridad es uno de los elementos primordiales para la consecución de otros fines, como la justicia y el bien común, u otros derechos, como la libertad y la igualdad; es decir, existe un marco de interdependencia de los unos con los otros.
La institución que se encarga de la seguridad pública la realiza mediante personas civiles capacitadas —cuerpos policiales— para la atención, gestión y prevención de los delitos y de las faltas administrativas.
¿Qué sucede cuando no se logra esto? El gobierno, como el encargado principal, busca —cualquiera que sea la forma— la contención de estas problemáticas, con policías o con otro tipo de personas. La situación en México desde gobiernos atrás planteó la utilización de las Fuerzas Armadas para la atención de la seguridad pública.
Y en las últimas semanas este contexto de la seguridad pública a través de militares tomó un nuevo curso, porque en el Senado se aprobó la reforma que establece la permanencia de los militares en las calles hasta 2028.
Preparación
Si bien el Ejército y la Marina, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, son de las instituciones en el país con mayor confianza por parte de la población, no implica que la labor para la que están capacitados sea la idónea para la atención de la seguridad pública.
En febrero pasado nuestras Fuerzas Armadas cumplieron 112 años de servicio y tienen como función principal salvaguardar la seguridad nacional del Estado; es decir, existen para proteger y resguardar al Estado de cualquier amenaza que impida su supervivencia.
Por otro lado, el ejercicio de los militares en funciones ha traído muchas violaciones a los derechos humanos, justo por la incompatibilidad de las tareas realizadas. Esto es importante analizarlo, ya que se buscan soluciones, no más problemas.
En este marco de acción hay una incompatibilidad entre lo que se busca atender y quién lo atiende.
Si la determinación de que se queden hasta 2028 ya fue establecida, es importante contar con las garantías necesarias, primero, para que no existan abusos de poder; y, segundo, para que se puedan fiscalizar todas sus operaciones.
Aquí la sociedad civil juega un papel fundamental, porque podría ser la encargada de que se le rindan cuentas a través de comisiones ciudadanas.
Nuestra postura va encaminada a que, más que pensar que los militares sean los encargados de la atención de la seguridad pública, se piense y sobre todo se trabaje en un cuerpo policial civil, con una preparación no solo en tareas de atención de la seguridad pública sino también en temas de derechos humanos y, hoy, en mediación.
Un cuerpo policial que conozca de las técnicas y herramientas que la mediación nos ofrece en la atención y gestión de los conflictos. Bien se dice que cuando no se resuelve de la mejor manera un conflicto, lo más seguro es que este renazca e incluso con niveles de violencia.
La situación nacional no está en el momento de resolver todo mediante la fuerza y la violencia: se necesita una nueva mentalidad por parte de sus gobernantes y, principalmente, de sus policías.