Una verdadera democracia es, antes y por encima de elecciones de tal o cual manera, igualdad ante la ley. Eso ―no solo en México, sino en cualquier parte del mundo― requiere de una condición necesaria, si bien no suficiente: educación y/o dinero.
Si comenzamos por el segundo factor, el dinero, nos encontraremos en este país con un escenario de aguda desigualdad, dado que hay un poco más de 50 millones de habitantes que viven en la línea de pobreza extrema o por debajo de ella. Y si la riqueza monetaria constituye un obstáculo infranqueable para acceder a la efectiva igualdad ante la ley, se le puede dar la vuelta por la vía educativa, de manera que los mexicanos no solamente cuenten con una vía de movilidad social vertical, estructural y duradera sino que sepan también, con certeza, cuáles son sus deberes y obligaciones así como los derechos y garantías que deben ser respetados por terceros, incluido el Estado.
En la semana que concluye, una vez más se cumplió con el ritual de conmemorar el Día del Maestro. No toda la enseñanza del país está en manos de la educación pública. No toda la enseñanza privada responde a la calidad que anuncian ni al alto precio que en muchas ocasiones tienen que pagar los padres de familia. A la inversa: no toda la educación pública, desde el nivel básico hasta superior, es de baja calidad. Existen planteles y docentes de excelencia en todos los niveles de enseñanza que corren por cuenta del gasto público.
Controversial ha sido, sin embargo, por más de 70 años el papel, en lo general, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en particular la incidencia que el desempeño de sus integrantes ha tenido en la educación básica y media superior y, a través de esta, en el desarrollo nacional en su conjunto y en el crecimiento económico de México.
Chantaje
A nadie escapa que el sindicato magisterial ha sido, para bien o para mal, factor de estabilidad política a lo largo de décadas. Incluso sus desprendimientos como la Coordinadora Nacional no han logrado vulnerar el monopolio de la interlocución del Estado con los maestros a través de su organización sindical.
Pero la facilitación de la estabilidad política no basta para mantener el estado de cosas actuales. Ni siquiera la reforma educativa aprobada en 2012 que obliga a la evaluación periódica, a exámenes de oposición y al cumplimiento puntual de un mínimo de horas y días de clases. Es preciso, urge entrar a la reforma de los contenidos, en sintonía no a inmediatismos localistas o productivistas de corto plazo, sino teniendo a la vista la mejor currícula académica de los países de la OCDE, entre los cuales México consistentemente ocupa las peores calificaciones.
El atraso es tal que ni siquiera hay acuerdo en el componente básico de una educación general de calidad, esto es, una lengua común. No se puede aspirar, ya no digamos a un aprendizaje compartido y universal, a una identidad nacional si se imparte educación pública en distintas partes del país con 65 libros de texto gratuitos en lenguas indígenas. Esto defiende el SNTE, de manera atemporal y sin darse cuenta de que estamos en el siglo XXI y en otra historia, ajena a los momentos fundacionales del gremio magisterial. Rompamos con el chantaje monopólico de una organización gremial e invirtamos más en educación y menos en elecciones; por ahí comienza la democracia verdadera.