La noción de lo social implica entre otras connotaciones la idea de límites. En el marco de una sociedad, por definición todo tiene un límite, incluso aquello que significa el ejercicio de un derecho.
La reflexión anterior viene a cuento ante las manifestaciones recientes de la disidencia magisterial en diversas partes del país, particularmente en el Distrito Federal.
La causa manifiesta de esas expresiones ha sido el no pago de la Secretaría de Educación Pública a un buen número de maestros, especialmente en Oaxaca, Guerrero y, en menor medida, en Michoacán. Las autoridades federales argumentan que muchos de esos maestros o no existen o no ejercen la docencia como correspondería para que pudieran devengar el sueldo.
La centralización del pago magisterial fue un logro indispensable de la reforma educativa a efecto de saber a quién se le paga y por qué. Un logro insuficiente, hay que decirlo: al centralizar la nómina el gobierno federal iba a pagar un costo político alto. Si era así, ¿por qué no, de una vez, establecer en la ley que reprobar las evaluaciones magisteriales debería suponer la conclusión de la relación laboral? El costo político habría sido el mismo. No se hizo así y se eternizó la planta laboral prerreforma.
Reclaman el pago de la nómina no depurada y también que “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y que las autoridades federales son asesinas. Se plantan en la calle de Reforma durante un día completo y se movilizan aleatoriamente desarticulando la movilidad en la capital del país con la afectación, literalmente, de millones de personas, todas ellas contribuyentes, quienes de una u otra forma, a su vez, están financiando de facto la movilización que les afecta y el paro laboral del magisterio en diversos estados del país.
Actuar
Lo fácil para muchas autoridades es el argumento de que debe prevalecer el diálogo. Lo difícil para las autoridades es hacer cumplir la ley, tanto en el terreno de la reforma educativa vigente como del derecho al libre tránsito de la población capitalina o de los usuarios del aeropuerto de Acapulco.
Y el tema no es la represión de la movilización. Eso no se puede, en términos políticos y ni siquiera físicos. El tema es la prevención de las movilizaciones. Toda alteración del orden público tiene un momento inicial. Es ese donde la autoridad debe actuar y no esperar que esas conductas por el número de sus integrantes se vuelvan irreversibles.
Cualquiera que haya visto el comienzo de las movilizaciones habrá notado cómo sus integrantes venían equipados con sus casas de campaña nuevas y preparados con todo tipo de suministros para el tiempo que fuese necesario. ¿Quién financia eso? ¿Las autoridades no saben? ¿Es preferible la impunidad de un puñado de maestros cuyas intenciones reales son otras de las manifiestas, a la violación flagrante del derecho de millones de terceros? Es pregunta. Que nos digan de una vez, para saber a qué atenernos.
En democracia, en una sociedad en la que se observan y se cumplen sus normas básicas, aunque suene fuerte decirlo, es una perogrullada y una obviedad: la tolerancia y la paciencia también tienen un límite.