Todo parecería indicar que en la semana que concluyó llegó a su término la etapa de insurgencia y resistencia en contra de la evaluación docente. Las marchas convocadas por las secciones magisteriales en Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal apenas congregaron a algunos cientos de inconformes. El paro de labores al que llamaron esas secciones en los estados de Michoacán y Guerrero no fue acatado más que minoritariamente. En Oaxaca, una tercera parte de las escuelas funcionó normalmente y en los tres casos la Secretaría de Educación Pública descontó el sueldo a los paristas. Las reglas se empiezan a aplicar y la experiencia arroja algunas lecciones.
Una primera lección es que el cumplimiento de la ley no se negocia. Hubieron de pasar más de dos años y medio para que la autoridad gubernamental, tanto federal como local, obligara a su cumplimiento. La soberbia y la pasividad del ex secretario de Educación, Emilio Chuayffet, trastocaron seriamente el sistema educativo en los estados antes mencionados. Hubo necesidad de que llegara el nuevo titular, Aurelio Nuño, para aplicar en serio y de manera generalizada la reforma educativa.
A la situación anterior de atraso en la aplicación de la ley contribuyeron también gobiernos estatales timoratos y hasta cómplices. En Michoacán las autoridades estatales estaban rebasadas por la delincuencia. Un gobernador interino acabó en la cárcel. Un gobernador electo se fue a su casa. El sustituto pasó de noche y el nuevo gobernador apenas está en el cargo desde hace unos cuantos días.
En Guerrero el gobernador tuvo que pedir licencia por lo de Iguala y el que lo reemplazó permitió casi con complicidad los desmanes de la coordinadora magisterial. Todavía esta semana se dio el lujo de pedirle a la SEP que no le descontara el día a los paristas, a lo que Aurelio Nuño respondió que el descuento ya se había ordenado.
En Oaxaca no fue hasta que una intervención decisiva del gobierno federal que renovó desde sus cimientos al Instituto Educativo del estado cuando Gabino Cué, gobernador al que le resta menos de un año, cambió su actitud y dejó diálogos inconducentes con la Sección 22. Moraleja: para aplicar leyes generales en el país, se requieren gobiernos estatales responsables.
Los derechos de la población atendida por un servidor público tienen preeminencia sobre los derechos de estos últimos, llámense maestros o lo que sean. Los derechos de la ciudadanía van por delante.
Educación nueva
Concluye una etapa difícil, pero tal vez no la más difícil. La implantación de la evaluación docente solo es un ángulo de la reforma educativa. Viene ahora la fase que enfrentará tal vez mayores resistencias. Esto es, cambiar la enseñanza de los maestros en las escuelas Normales, para que esos maestros a su vez lleven a las aulas de los niños y los jóvenes una educación nueva en contenidos. Es decir, hay que cambiar la enseñanza de los que enseñan, para que quienes se educan en el sistema educativo aprendan pertinencia, lógica, razonamiento válido e información para la competitividad personal y nacional.
Sobre el tema anterior se aproximan meses de intensa discusión y debate. Que autoridades y comunidad académica así como el magisterio se pongan de acuerdo. Y luego, instrumentar la reforma y aterrizarla en las escuelas y salones de clases. No es mucho tiempo lo que le resta al nuevo titular de Educación para realizar una tarea que se pospuso casi 80 años.