Un Estado de Derecho se finca no solo en la coacción y en el monopolio del uso de la fuerza. Es mucho más intangible que eso. En los componentes de la intangibilidad de la vida cotidiana sin violencia está la cultura cívica y dentro de esta el ejemplo de la autoridad.
No puede haber Estado de Derecho relativamente estable e imperceptible si la autoridad no observa, sin excepciones, el cumplimiento de la ley. Puede haber excepciones en otros ámbitos. Desde gente que se pasa el semáforo en rojo, hasta quienes cometen un delito grave. Su riesgo personal es proporcionalmente creciente a la gravedad de la falta. No por necesidad son sancionadas, pero la posibilidad existe y, por lo menos, subyace el juicio social a la impunidad; esto es una transgresión a la ley no sancionada.
Por desgracia —y es parte de la historia de este país—, las supuestas razones políticas se sitúan por encima del Derecho y sirven para justificar lo injustificable.
Hay quienes para descalificar la reforma educativa iniciada por el gobierno federal y aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos locales argumentan que no se trató de una reforma educativa propiamente dicha sino que consistió en una reforma laboral.
Desde su intolerancia, su ánimo oposicionista y retrógrado, tienen algo de razón. Toda actividad económica productiva está sujeta a normas de desempeño en el trabajo. Todas, incluso las informales y las de personas que laboran por su cuenta.
Una transgresión a ese marco de normas escritas o no escritas conlleva un costo económico, pero en México hay excepciones, tanto para la autoridad obligada a hacer cumplir el marco normativo como para los supuestos trabajadores obligados a cumplirlo.
Ilegal
Los maestros de las secciones 22 y 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en términos contractuales reforzados por las reformas constitucionales y sus leyes reglamentarias en materia de educación, tenían que haber comenzado a impartir clases a mediados de agosto. No lo hicieron, y se desplazaron a la Ciudad de México para exigir una evaluación selectiva, discriminatoria a favor de ellos y en contra de sus educandos. Se ausentaron de su trabajo por casi dos meses y todavía algunos de ellos persisten en su conducta contumaz. No sorprende. Cada año lo hacen.
Lo que sorprende, ante la indiferencia social y la pasividad de la crítica periodística, política y cultural, es que no se señale y se apunte la conducta ilegal de la autoridad. Faltaron a clases dos meses. Sin excusa ni pretexto válido incumplieron con su función económica y social, ante lo cual la ley es muy clara: procede, en primer término, la cancelación del salario, y en la reincidencia, la cancelación de la plaza laboral. No ocurrió así, en una decisión que no correspondía tomar o no tomar a los implicados sino a la autoridad constituida, concretamente, el gobierno y el gobernador del estado de Oaxaca.
Gabino Cué tomó la delicadísima decisión política de resarcir de sus salarios a los maestros que se habían ausentado. Los antecedentes políticos del estado tal vez aconsejaban la medida. Pero no es un buen ejemplo. Si a nivel local se logra una solución estructural al problema, salió bien la jugada. Si no se logra, el precedente puede ser nefasto.