El pasado 6 de octubre el ciudadano Andrés Manuel López Obrador (quien no es otra cosa, ni más ni menos, que un ciudadano) convocó por segunda vez de manera reciente a un mitin, autonombrado como Asamblea Resolutiva, para rechazar las propuestas de reforma legales en materia de energía, en particular hidrocarburos y electricidad.
El resolutivo del mitin, como era de esperarse, fue casi unánime, era previsible: se decidió organizar un cerco al Senado cuando comiencen a dictaminarse las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales; después, como es probable que esas reformas se aprueben, hacer lo mismo en la Cámara de Diputados cuando llegue el turno; hacer otra concentración el 27 de octubre en el Zócalo; insistencia en realizar una consulta previa a la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma en el Congreso de la Unión.
Los cercos masivos a los recintos del Congreso son actos fallidos de intimidación. Adentro, en los recintos, cuenta la aritmética parlamentaria, no el vocerío de una turba. La consulta enfrenta obstáculos insalvables. La fracción octava del artículo 35 constitucional, si bien señala los requisitos para esa convocatoria, no está reglamentada por ley ordinaria, de manera que no es posible aplicarla. Aun si existiese esa reglamentación no podría realizarse, según la norma constitucional, hasta la fecha de la elección federal en 2015.
Imperativo
López Obrador engaña en los tiempos, en la forma y en el fondo. Dice que la apertura del sector energético —ignora la diferencia entre apertura y la privatización que alega— sería una entrega de la soberanía. Desconoce que una concesión a un particular para la explotación de un bien del dominio originario de la nación es solo eso, una concesión sujeta a reglas de explotación para el mercado y nadie argumenta que la concesión a un particular o a una empresa para explotar un bosque, aguas o minas no es una sesión de soberanía sino el simple aprovechamiento en beneficio nacional y colectivo de un bien del dominio originario de la nación sin menoscabo de los derechos de propiedad de esta última.
Además, AMLO da respuestas erróneas a preguntas que ni siquiera se ha hecho. Ejemplos abundan. ¿Por qué los industriales mexicanos tienen que comprar un BTU de gas a 18 dólares cuando en Estados Unidos se puede pagar a cuatro? No me refiero solo a grandes industriales sino al pequeño propietario de una tortillería que opera con gas. ¿Por qué México importa 30% del gas que consume si, por otro lado, México cuenta con la cuarta reserva mundial más grande del llamado gas Shale, proveniente de formaciones geológicas de lutitas? ¿Por qué México importa 70% de los productos petroquímicos que consume el mercado nacional? ¿Por qué el país importa casi 50% de sus gasolinas? ¿Por qué Estados Unidos en los últimos cinco años ha podido crear tan solo en el estado de Texas más de 500 mil empleos en torno de la industria energética, mientras que en México la reserva del petróleo ha caído en los últimos doce años en 75%? Esas y otras preguntas tienen una respuesta muy sencilla: porque Pemex es un monopolio y a lo largo de 75 años se le ha exigido que haga todo solo; eso no lo hace ninguna empresa petrolera en el mundo.
La apertura del sector energético es un imperativo de supervivencia nacional. De no hacerlo ahora, México dentro de cuatro años será importador de todas sus energías primarias, que es la mejor forma de no ser soberanos. Se acerca la hora de las razones y del debate en serio, no de los prejuicios ni de los denuestos.