En los escenarios básicos solo hay dos opciones: que continúe el deterioro, en tanto no se toman decisiones de fondo, sobre todo de parte de las autoridades locales; o que se apliquen medidas proporcionales (o aún más profundas) al deterioro que se vive en la entidad.
La viabilidad de una y otra está en función de una muy mala y extendida costumbre en la política contemporánea, que tiene que ver con “los rendimientos políticos” de las propias decisiones.
Se entiende por “rendimientos políticos” a los beneficios o perjuicios que tal o cual determinación puede traer sobre el funcionario o representante, sin tener en consideración lo que en realidad beneficia a sus gobernados: su carrera política, su imagen, la percepción en las encuestas, es lo que en realidad marca una efímera agenda.
Mientras tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, a propósito de la gran polémica que ha propiciado la aplicación de nuevos impuestos, señaló justamente que él adoptaba las decisiones no por quedar bien con un grupo, sino por beneficiar a las mayorías… aunque los ataques han sido intensos.
Tiranía
En Michoacán las inercias locales que datan de décadas, las explicaciones que dejan al pasado la impersonal responsabilidad del deterioro, hasta llegar a este 2013 con señalamientos sobre lo que otros dejan de hacer, es justo el camino que ha conducido a la sociedad y a las comunidades de la entidad a padecer el colapso que se observa.
Por supuesto que la tolerancia a las prácticas ilegales, pequeñas, medianas o grandes faltas ha sido terreno fértil para la descomposición.
Pero persistir en distribuir culpas y omisiones, aunque ya haya en ese sentido muchos diagnósticos, no es ya necesario: ahora toca dar paso a las decisiones serias, estructurales, de fondo, donde “el rendimiento político” no sea la variable principal, ni siquiera la secundaria. Veremos que de ser esa la postura, será fácil comprender los siguientes movimientos de las autoridades locales y federales.
Por supuesto que la contribución de la sociedad michoacana será clave para recuperar en serio el funcionamiento del Estado de Derecho y del sistema social. Con frecuencia leo y escucho en medios académicos y políticos que las restricciones a las garantías individuales son algo que debe evitarse a toda costa en la lucha contra el crimen organizado.
Pero ya existe —¡qué si no!— la tiranía del crimen organizado: amenazas de muerte a funcionarios que cumplen con su deber, amenazas a los comunicadores, restricciones a la libertad de tránsito, incertidumbre e incluso indefensión jurídica de la población, despojo de propiedades… solo para hablar de afectaciones a las garantías individuales, sin mencionar penas de muerte y todos aquellos daños físicos a ciudadanos pacíficos y productivos.
Entonces, si ya hay una tiranía criminal que afecta de fondo a la vida cotidiana, el Estado mexicano, con todos los recursos que le confiere la ley, puede actuar para recuperar, ni más ni menos, la soberanía en esa parte de la República que se encuentra sustraída de la acción de los gobiernos y la aplicación de la ley.
La opción, por lo tanto, en Michoacán, no es otra que aplicar medidas excepcionales ante situaciones igualmente excepcionales. Lo que se encuentra en disputa es, ni más ni menos, la certeza de que hay instituciones y funcionarios dispuestos a pensar y actuar a favor de la nación, la sociedad y la patria. Y no es retórica. Por lo tanto, será decisivo para la historia de nuestro país el proceso y método que se apliquen para restaurar la paz y concordia en esa entidad.