De ninguna forma podemos aceptar como “normal” la creciente ola de violencia que se vive en varios estados de la República: la situación debiera ameritar una verdadera intervención del gobierno federal donde la prioridad sea la recuperación de la normalidad de los sistemas sociales locales. Desde luego no se trata de una propuesta guiada o basada en el legítimo uso de la fuerza por parte del Estado mexicano.
En los últimos días Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán registraron serios problemas de inseguridad. Entidades que por una desafortunada coincidencia son gobernados por un partido político diferente al oficial reciben de nueva cuenta la atención nacional debido a que son escenarios de constantes enfrentamientos entre delincuentes y de estos con las corporaciones de seguridad, incluyendo desde luego a las Fuerzas Armadas.
También la Guardia Nacional comienza a tener su bautizo de fuego, solo que a diferencia de las Fuerzas Armadas la nueva corporación, tal y como se lee en la ley correspondiente, prevé entre sus objetivos procurar la cercanía con la sociedad y ofrecer medidas para reconstituir a las comunidades afectadas por una prolongada situación de violencia. Es decir, que además del recurso disuasivo de las naturales características de una corporación de seguridad cuenta con líneas de trabajo y programas enfocados a procurar una cercanía cuya base sea la confianza de la ciudadanía.
De allí que el reto sea formidable puesto que se debe actuar con oportunidad y contundencia contra las actividades criminales —sean comunes u organizadas—, ya que si bien el gobierno de la República destina la parte más importante del presupuesto federal a diversos programas sociales, la creación de un ambiente de confianza entre autoridades y sociedad no pasa solo por esa ruta. Sin duda que, a la par de esos programas de atención, establecer una directa comunicación entre la Guardia Nacional y la ciudadanía representa el principal objetivo. Únicamente así se logrará la recuperación de la seguridad pública y el restablecimiento del Estado de Derecho en las zonas afectadas.
Convergencia
La afectación a la seguridad nacional como consecuencia de una prolongada actividad delictiva comienza por la desarticulación del ámbito de la seguridad pública, es decir, por impulsar la incapacidad institucional para garantizar la integridad física y patrimonial del ciudadano, primero, y por los antagonismos a la seguridad interior, o sea, la carencia de recursos físicos y jurídicos para la aplicación de la ley en todo el territorio nacional, después.
En ese complejo ambiente la Guardia Nacional, en su actuar, tiene que ver con esas tres dimensiones de la seguridad, cuya base y fin principal es que la sociedad pueda desarrollarse en armonía y tranquilidad.
Por eso la proximidad, palabra por cierto que porta el personal de la Guardia Nacional en el antebrazo derecho, es un concepto clave y guía las acciones de la corporación. Sin embargo para lograr esa meta la convergencia de otras medidas en tareas de seguridad son determinantes: creación o fortalecimiento (dependiendo del caso) de las policías municipales y estatales; reestructuración de los sistemas penitenciarios estatales y federal; robustecimiento del sistema penal acusatorio; así como el decidido compromiso de los poderes Legislativo y Judicial. De otra manera será difícil ya no digamos construir o recuperar la confianza ciudadana en la autoridad sino incluso contener la creciente violencia.