El martes 30 de noviembre el Departamento de Estado del gobierno del presidente Joseph Biden retiró a la guerrilla más antigua de Latinoamérica del listado anual de organizaciones terroristas. Durante esos mismos días se celebraba en Colombia el quinto aniversario de la firma de los tratados de paz, así como una simbólica visita del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. Todo esto como preámbulo al inicio de las campañas por la presidencia de la República.
Se precisa en el trascendental comunicado estadunidense que la decisión no exime de juicios y potenciales condenas de cárcel a exdirigentes, exintegrantes o los que aún continúan en activo relacionados con cualquier tipo de delito en torno de la producción y tráfico de drogas.
No hay duda de que se trata de un paso muy relevante para generar mejores condiciones a fin de que el complicado y complejo proceso del posconflicto pueda sobrevivir a los comicios presidenciales en Colombia en 2022: las ayudas provenientes de agencias y organizaciones de Estados Unidos podrán ahora fluir con mayor velocidad, por ejemplo, para los programas de reinserción de antiguos combatientes, así como incrementar los apoyos para las labores de auxilio sicológico a víctimas y victimarios.
Con 260 mil muertos y casi 90 mil desaparecidos, el conflicto inició en 1958 y culminó en 2018, no sin antes dejar ocho millones de desplazados como consecuencia de la violencia.
Tan largo y doloroso episodio en la vida de Latinoamérica y, desde luego, para Colombia, provocó en distintas fases que nuestros países marcaran claras diferencias entre sí ante las actividades de la guerrilla y los sucesivos gobiernos. Hoy no hay un solo pronunciamiento público de mandatarios de la región abogando a favor de las tesis que llevaron a la creación de las exFuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y esto es una variable muy importante de estabilización para el mismo proceso del posconflicto.
Implicaciones
Es previsible que la dinámica política colombiana observe en el corto plazo ajustes que pueden fortalecer la superación de las muy serias y graves secuelas en amplios sectores de la sociedad. Un conflicto que afectó a varias generaciones, condicionando su presente y futuro, involucrando a organizaciones, gobiernos, personalidades de todo el mundo. Retirar el calificativo de “terrorista” a las FARC también es un reconocimiento a sus dirigentes que han podido cumplir su palabra, aun con algunos pero serios disensos.
También para las FARC este paso dado por el gobierno de Estados Unidos permitirá profundizar e incluso impulsar con mayor intensidad la actualización de su doctrina y pensamiento militares, a la vez que los sectores civiles encargados de la seguridad pública contarán con más elementos para centrarse en las organizaciones propiamente delincuenciales, ya sean del crimen organizado o común. Es deseable que así sea, por el bien de la sociedad, pero sobre todo por el reforzamiento de la democracia en ese país sudamericano.
Ahora bien, para México hay varias implicaciones. La primera y sin duda la más importante es persistir en que puede haber diferencias en el campo de la política y la disputa por el poder, lo que es inherente y natural, pero siempre dejando a un lado los llamados al ejercicio e incluso aplicación de la violencia. La segunda, que propicia un nuevo equilibrio en las relaciones con los países de Sudamérica, lo que también será benéfico para los asuntos multilaterales de la región.