Al momento de escribir esta colaboración se desarrollaban cientos de cierres de campañas por todo el país. De vaticinios, encuestas, debates, propaganda, mensajes por radio, internet, televisión y mítines hemos tenido a raudales. La compactación de los calendarios electorales locales con el federal llevó a que se renueven en un solo día cientos de cargos, incluyendo nueve gubernaturas.
Los eventos de violencia que han marcado la víspera de las elecciones rebasan con mucho los peores pronósticos. Si bien es cierto que en términos absolutos la mayoría de las secciones y casillas no se verá afectada, tampoco podemos minimizar una situación jamás vista: el riesgo que enfrenta la realización de los comicios por causas del todo ajenas a la contienda electoral.
Se trata de la primera vez en la historia del México moderno en que el día de las elecciones pueden suscitarse actos que inhiban a la ciudadanía para acudir a votar e incluso abren la probabilidad de que los daños a las instalaciones y oficinas de las autoridades encargadas de la organización aumenten conforme se aproxima el domingo 7.
Más allá de las causas que esgrimen, sobre todo, los gremios del magisterio, la posibilidad de alterar seriamente las elecciones demuestra hasta qué punto ha llegado la vulnerabilidad de nuestra democracia y de las distintas autoridades, tanto a nivel local como federal.
Leyes
La cita en las urnas es la principal base de legitimidad de cualquier autoridad. No es una simple obligación ciudadana acudir a sufragar: se trata de la principal forma que tenemos los mexicanos para incidir en la conducción de los asuntos de la nación.
Impedir las elecciones o intentar hacerlo, aunque sea en una sola casilla, indica que la fragilidad de nuestras instituciones ha llegado a un límite preocupante y peligroso.
¿Qué puede pasar el lunes 8 y los días subsecuentes, en caso de una violencia extendida en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas? La declaratoria de nulidad de las elecciones es una opción prevista en la ley.
Hoy ya se han robado pipas de Petróleos Mexicanos, se han tomado gasolineras, se impide la libre circulación y transportación de mercancías, entre otras acciones que nada tienen que ver ni con los partidos políticos ni con la competencia propiamente electoral.
Además del lógico contencioso electoral, tratar por ejemplo de impedir por la fuerza el traslado de la paquetería electoral, con las boletas utilizadas por los ciudadanos, es una fiel metáfora del secuestro de la voluntad popular. De la destrucción de la base de legitimidad de quienes vayan a alzarse con la victoria el domingo 7.
La cuestión, entonces, radica en que las autoridades competentes apliquen la ley para que prevalezca el ánimo de concordia que significa un proceso electoral; podemos tener diferencias, pero las sabemos arreglar en un ambiente de discusión y polémica.
Qué lejos parece quedar el histórico Pacto por México. Da la impresión de que hablamos de otro país. Y tal vez así sea. La recuperación del Estado de Derecho empieza, en efecto, por su cumplimiento y aplicación. Espero que mi próxima colaboración sea para analizar los resultados y no los actos violentos en torno de las elecciones.