El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreció como sabemos una disculpa pública a la sociedad mexicana por los excesos de dos elementos, un capitán y una soldado, en la detención y tortura de una mujer, probable delincuente perteneciente a la banda delictiva de la Familia Michoacana.
En un evento ante 25 mil militares en el Campo Militar Número Uno, el general secretario asumió una postura sin precedente y de la más alta relevancia.
Son múltiples las consecuencias del discurso y de sus principales frases. La primera, sin duda, es que como en otras ocasiones en el complejo y dilatado proceso en el perfeccionamiento de la democracia en el país las Fuerzas Armadas aportan evidencias de compromiso, mucho más que las autoridades civiles.
Por ejemplo, ¿desde hace cuánto han solicitado un adecuado marco legal y regulatorio de su participación coyuntural en las tareas de apoyo a la seguridad pública? La última ocasión data ni más ni menos que de noviembre de 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara de Diputados una serie de iniciativas en la materia.
A la fecha no hay una sola evidencia de voluntad legislativa para asumir ese compromiso :estamos a unos cuantos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones y no hay avance alguno en, por ejemplo, lo relativo al Mando Único Policial o la denominación que se quiera.
En segundo lugar, al menos que yo recuerde, nunca un presidente municipal, un gobernador o un funcionario federal —de este gobierno o de los anteriores— había ofrecido una disculpa por excesos, abusos, corrupción o complicidad de funcionarios o agentes de seguridad pública que hubieran traicionado la misión que la sociedad les encomendó. Nunca, hasta que el general Cienfuegos Zepeda lo hizo.
Deuda
No hay ninguna justificación para los actos violatorios de la ley ni de los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, a pesar de los abusos que cometen los grupos de delincuentes, sus familias, abogados e incluso organizaciones que se parapetan en la defensoría social para disfrutar de los bienes y dinero obtenido mediante sangre, terror, amenaza, despojo y/o extorsión de cientos de pacíficos ciudadanos. A estos sí, ¿quién los defiende? Allí tenemos recién liberado a uno de los participantes en el secuestro y asesinato de la hija de Nelson Vargas. Y ese es un caso del que nos enteramos.
Quienes han demostrado tener plena convicción y determinación, aún en situaciones de clara desventaja legal, política y mediática, son los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Hagamos un sencillo cálculo. Por voz de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina- Armada de México, almirante Vidal Soberón Sanz, hay alrededor de 50 mil militares en todo el país en labores de apoyo a la contención y sometimiento al crimen organizado y, por lo tanto, para la recuperación de la paz, la productividad y la vigencia del Estado de Derecho.
Si cada uno de esos elementos tiene cinco contactos con civiles durante las 24 horas del día, cifra muy baja, pero pensemos solamente los contactos que hay en un puesto de seguridad, tenemos que hay 250 mil contactos diarios; un millón 750 mil en una semana; 52 millo- nes 500 mil por mes… Para concluir con 630 millones de contactos de militares con civiles por año. El contraste no pue- de se mayo rentre el número de acciones realizadas y los errores cometidos.
Amnistía Internacional y la organización Agustín Pro Juárez, entre otros actores y medios de comunicación, me parece que no consideran esa dinámica. Las disculpas del general secretario Salvador Cienfuegos a la sociedad nos recuerdan la deuda que, para bien del país, tenemos con las Fuerzas Armadas