Uno de los principales compromisos de la ya lejana campaña presidencial de 2012 fue el de recuperar la paz pública y la plena vigencia del Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Como sucede con cualquier ya no digamos gobierno, con cualquier Estado que se perciba y sea percibido como un conjunto de instituciones y funcionarios, con la capacidad de respetar y hacer respetar la ley. Que no hay antagonismo interno y externo que ponga en predicamento, a fin de cuentas, al funcionamiento de la democracia y la vida cotidiana de la sociedad. Esa es la misión.
En los renglones de seguridad y economía es relativamente fácil hacer una comparación en una administración, cualquiera que esta sea. Basta observar cómo recibió y cómo tiene al país en esas dos sensibles actividades de gobierno. Por lo que se refiere a la seguridad pública es evidente que hay avances y muy serios faltantes. La carencia de corporaciones policiacas eficientes en la enorme mayoría del país, luego de tantos años, no resulta explicable ni menos aún justificable a través del argumento del Pacto Federal. A la fecha, la aprobación del Mando Único o cualquier otra denominación que vaya a alcanzar, sigue siendo uno de los múltiples pendientes en cuanto a la seguridad pública.
Juicio de la historia
Vivimos en un régimen político presidencialista, la estructura del vértice de decisiones en la pirámide del poder político se concentra, por supuesto, en la Presidencia de la República y por lo tanto en quien la ostenta. No es solo un asunto de personas es, sobre todo, un proceso político que se dirige de manera concéntrica hacia el titular de Poder Ejecutivo. Que puede ser injusto, sin duda, pero los costos de imagen personal siempre son más altos que los beneficios a largo plazo. El juicio de la historia desde ahora se perfila y podemos verlo en el horizonte ya no tan lejano en la conclusión del presente sexenio.
Varios de los gobiernos estatales que han sido notablemente incapaces por ser amables con la calificación, no pudieron encontrar o construir una verdadera opción para recuperar la paz pública. Incluso peor, entregan en condiciones francamente críticas la seguridad. Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, y así podemos sumar varias entidades, que bajo un pretendido respecto del Pacto Federal fue la ineptitud lo que les impidió atender y atacar tan grave antagonismo al Estado como es el crimen organizado. Cierto, un problema local pero también de ineludible e inocultable responsabilidad federal.
Incluso en el debate de las cifras, porcentajes, tablas comparativas, no se puede establecer un criterio firme, ya que ahora hasta el INEGI queda en entredicho de sus fundamentales cifras. No podemos limitar la polémica al grave y muy doloroso asunto de la cantidad de muertos, secuestros, extorsiones, desapariciones; la cuestión es de fondo y de verdad muy delicada, son los efectos negativos sobre la legitimidad de las autoridades. La merma en la aceptación y credibilidad de parte de la sociedad hacia las instituciones —locales o no— es, sin duda, como se puede leer en cualquier manual de ciencia política, el principal peligro para propiciar una crisis de estabilidad. No se piense en escenarios de revueltas o acciones de violencia indiscriminada, sino en esa lenta pero imparable pendiente que aumenta la distancia entre gobernantes y gobernados. Se le llama pérdida de confianza. Por eso la pregunta en materia de seguridad pública es: ¿cuál es el balance de parte de la sociedad en esta materia?