Parece que este será el verbo de moda en Estados Unidos esta temporada de otoño-invierno: apenas a dos días de aprobada la ley JASTA (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), llegó a los tribunales gringos de la ciudad de Washington la primera demanda contra Arabia Saudita por los atentados del 11 de septiembre de 2001, presentada por la viuda de un hombre muerto en el ataque al Pentágono.
La demandante se llama Stephanie Ross DeSimone y alega que el reino de Arabia Saudita le dio apoyo material a los atacantes de Al-Qaeda y a su líder, Osama Bin Laden.
Ella tenía dos meses de embarazo cuando su marido, Patrick Dunn, comandante de la Armada, fue asesinado. Su demanda es por “wrongful death and intentional infliction of emotional distress” (desconozco los términos legales exactos en la lenguaje jurídico mexicano) y exige indemnización compensatoria y punitiva.
La demanda alega que “Arabia Saudita, a través del apoyo material que sus funcionarios, agentes y empleados proveyeron a Al-Qaeda, contribuyó a preparar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre y la muerte extrajudicial de Patrick Dunn”.
Añade que Al-Qaeda fue financiada por un monto aproximado de 30 millones de dólares anuales, los cuales se desviaron de su destino original hacia organizaciones islámicas de caridad.
El desarrollo de Al-Qaeda en una red terrorista global, continúa, se soportó principalmente en el dinero y otros apoyos materiales que recibió del reino y de organizaciones supuestamente caritativas que actuaban como agentes y personeros del gobierno de Arabia Saudita, muchos de los cuales trabajaban con el liderazgo de Al-Qaeda durante la Yihad (Guerra Santa) en Afganistán. Esos agentes gubernamentales sirvieron como los conductos principales para canalizar durante más de 20 años apoyo financiero, operativo, logístico e ideológico a la Yihad global de Al-Qaeda.
¿Así fue?
La demanda sigue la archiconocida versión oficial de ese infausto día y sostiene que, a pesar de que la comisión oficial encargada de investigar el asunto declaró en un reporte de 2004 que “no había encontrado evidencia de que el gobierno de Arabia Saudita, como institución, o funcionarios suyos de primer nivel, hayan fundado Al-Qaeda”, esta es la primera vez que un tribunal estadunidense será forzado a decidir si Arabia Saudita es en efecto responsable, cosa que el reino ya en el pasado ha negado serlo.
Por lo pronto, su embajada no ha respondido a preguntas alusivas respecto de esta demanda y se ha negado a hacer comentario alguno.
Aquel mismo día en que se presentó la demanda, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita declaró a la agencia saudita de noticias (de propiedad estatal) que el Congreso de EU debería corregir la ley a fin de evitar “serias consecuencias no intencionales” y que la ley era “una gran preocupación” para el reino, que ya amenazó con asestarle a EU los contragolpes financieros más fuertes que sea capaz de dar.
En fin, esto ya comenzó. El volcán apenas acaba de explotar.