La manifestación de la voluntad popular, fincada en la participación política de cada ciudadano, es el pilar más sólido sobre el cual descansa cualquier sistema democrático. Esa expresión, en el trayecto histórico, se ha materializado mediante el plasmado del voto en medios físicos que tradicionalmente son boletas de papel. Sin embargo, ni siquiera los procesos de la sociedad están exentos de la evolución positiva que concede la modernidad.
Con ello la adecuación a nuevos tiempos mediante el apoyo en la tecnología representa un cúmulo de ventajas y seguridades que a su vez apuntalan con certeza la democracia y el juego electoral. Hoy parecería que en tiempos de astringencia económica las opciones que significarían un ahorro monumental en las elecciones no se exploran con seriedad en un mundo que ya está preparado para poder implementar métodos de voto mucho más seguros y, por supuesto, mucho más económicos que los tradicionales.
El voto electrónico propone ventajas innegables que en este México resolverían problemas ahora enraizados. Mediante él se evitan entornos controlados por el partidismo y se llega a un ambiente mucho más personal en el que se ejerce el sufragio. Se impiden enormes gastos en infraestructura que sustentan elecciones mediante urnas, casillas, personal e insumos. Se amplía la masa crítica votante al cancelar limitaciones por movilidad y demanda de votante presente. Y entre muchas otras ventajas se concede certeza y confiabilidad a las elecciones al reducir a mínimos los tiempos de recuento y confirmación de resultados electorales.
Sin embargo, a pesar de las posibilidades existentes para la confirmación de identidad del votante y la protección de datos derivados de la votación aún campea la resistencia a la implementación total del método por parte de una autoridad electoral mexicana que parece apostar a la conservación de estructuras y fierros que significan costos asfixiantes.
El ruido que proviene de la discusión política polarizada opaca rutas que podrían ser la solución a los problemas presupuestales. No estamos ante una ocurrencia ni un experimento electoral; tampoco es un paso hacia la opacidad ni el control gubernamental de la voluntad popular sino todo lo contrario. El voto electrónico ya es una realidad y encuentra una larga data de antecedentes que sustentan su confiabilidad. En el no tan lejano 2002 la elección del Parlamento Europeo instrumentó el voto ciudadano en una prueba piloto del llamado Electronic Polling System for Remote Voting Operations. Ahí, a pesar de la polémica que propició en regiones como Vandoeuvre en Francia, sentó las bases para la normalización de esta modalidad de expresión democrática.
Durante los años subsiguientes a tal suceso Alemania formalizó la opción del voto mediante medios electrónicos en 2005. Países como Estados Unidos, Venezuela, Bélgica, Paraguay y un largo etcétera siguieron en tal trayecto, al grado que en algunos casos no solo se opta por la manifestación de la opción electoral mediante urna electrónica, sino que además se concede valor legal al voto electrónico por vías remotas de acceso mediante dispositivos móviles, como ocurre en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Francia.
Con insuficientes pasos minúsculos el tema tiende a estar sobre la mesa de las posibilidades en nuestro país. Ya en el proceso electoral 2019-2020 Coahuila e Hidalgo implementaron el uso de la urna electrónica. Si bien es cierto que en esta modalidad de voto off-line solo se consiguió abatir los tiempos invertidos en la fila de votación, ya esto fue una muestra primaria del beneficio que se puede conseguir al apoyarse en tecnología para la democracia electoral. Siguieron en esa ruta los ejercicios para el voto de mexicanos en el extranjero y la implementación de un mayor número de urnas electrónicas en el proceso electoral de Jalisco.
Repito, aún con trabas, habrá que convencer a escépticos de que esta es una ruta provechosa. Incluir a la tecnología en los procesos electorales de un país es una expresión inequívoca de desarrollo social y democrático. Mucho hay por adecuar, no solo a niveles educativos sino en los marcos de ley obsoletos que actualmente reconocen pleno valor legal al voto contenido en boletas impresas para los ciudadanos mexicanos que lo ejercen en territorio nacional. Se puede trabajar por sistemas electorales modernos: falta convencimiento y voluntad.