Hay patrias que parecen condenadas a sufrir la inclemencia del autoritarismo de manera inveterada. Existen naciones que desde los confines remotos de su historia han pasado el vasallaje de imperios —tres en este caso—, han sido cancha de disputa de intereses de grandes naciones o en su caso han sangrado con dictaduras que las postran dolorosamente de rodillas.
Nicaragua es uno de esos casos. La tierra que ya asume como propiedad personal Daniel Ortega vive una de sus más oscuras épocas ante un gobierno que ya pasa las dos décadas. Los nicaragüenses viven en la constante amenaza de la represión y el castigo. Y con los más recientes sucesos el panorama parece agravarse de forma significativa.
Toquemos antecedentes inmediatos. En 2018 las protestas y voces críticas al gobierno se acallaron mediante la represión, pero pactaron su resonancia hacia un movimiento de resistencia más consistente. Junto a muchos más que sufrieron un similar destino, miles de detenidos pasaron a engrosar las cárceles bajo la justificación oficial de que eran conspiradores a sueldo de los intereses internacionales. Miles también se quedaron a la espera de un proceso judicial que pudiera deslindarlos de la responsabilidad endilgada, pero que al paso del tiempo formaron parte del olvido colectivo y del miedo generalizado al reclamo.
Hace apenas unos días Ortega pretendió “despresurizar” el reclamo internacional, fundamentalmente de Estados Unidos, al liberar a 222 presos entre los que figuran activistas, ciudadanos comunes, estudiantes y miembros del clero. A estas personas a quienes el dictador tilda de conspiradores se les excarceló para mandarlas con los norteamericanos, pero con un último toque de autoritarismo como sello de la casa nicaragüense: no conforme con el desdén inmerecido, el Congreso Nacional, controlado por Ortega, por supuesto, votó a favor del retiro de la nacionalidad a quienes ahora vivirán en el país de las barras y las estrellas. Bajo el argumento de que estos “detractores” cometieron una grave traición a la patria el régimen nicaragüense considera que es suficiente justificación para privarlos de la nacionalidad y volverlos apátridas con deshonra.
Antítesis
Esta es una muestra más del desprecio que el gobierno del país centroamericano tiene por la ley, los derechos humanos y el Derecho internacional. En primer término, a la luz de los tratados internacionales de los que Nicaragua es parte firmante y bajo cuyos efectos legales aún se encuentra inmersa con plenitud, no podría retirar la nacionalidad a persona alguna. Esta previsión legal se contiene en el tratado que evita apátridas debidamente signado por aquel país en 1961. Con ello quedaría estrictamente prohibido el que a persona o grupo se le retire nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. La excepción al retiro de nacionalidad se abre únicamente por la vía optativa en ciertos casos de adquisición de una segunda nacionalidad.
Pero este acto de tiranía y soberbia no puede tomarse a la ligera; no existe a su vez antecedente cercano ni país latinoamericano que lo haya llevado a cabo en lo inmediato. Tendríamos que regresar a los años setenta, en la dictadura de Pinochet en Chile, cuando estas prácticas se volvieron preludio incluso de ejecuciones sumarias. Si viajamos a lejanías, tanto el Talibán como el gobierno de Bahréin ejecutaron este tipo de sentencias sobre detractores o infractores de códigos de comportamiento moral o religioso.
El verdadero problema y tragedia está en el gran cúmulo de presos que permanecen en las cárceles de Nicaragua. Human Rights Watch estima que pueden estar presos cerca de 100 mil personas por motivos de persecución política. Un caso que dará mucho de qué hablar en próximas fechas será sin duda el del obispo Rolando Álvarez, quien a pesar de la concesión de aquel gobierno para reubicarlo en EU bajo este esquema se niega contundentemente a su exilio porque considera que sería la aceptación tácita de un delito que no cometió.
El despótico gobierno de Nicaragua comete un grave atropello al Derecho internacional. Estamos ante un auténtico destierro de personas por motivos políticos, situación que se torna una real antítesis de legalidad, democracia y libertad. ¿Qué dice la comunidad internacional en tanto?