Bien dicen que el camino más corto para convertir un problema en crisis es la sordera institucional. El paro de actividades de mujeres —50.5% de la población nacional— es producto de la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales al tema de los feminicidios, apenas 0.05% del total de los delitos nacionales, aunque 33% de delitos diversos contra las mujeres.
Cuando menos tres marchas de protestas en la Ciudad de México terminaron en violencia porque las autoridades capitalinas fueron más rápidas en organizar batallones de policías mujeres que en atender la exigencia de seguridad de género que está contenida en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y las declaratorias de alerta de género que contienen las leyes se quedaron en mecanismos policiacos burocráticos.
Tanto va, pues, el cántaro al pozo, hasta que se queda dentro; o ahora quieren tapar el pozo después de tantas mujeres ahogadas.
Lo paradójico del caso femenino es que las leyes y prácticas mexicanas institucionales han avanzado en el reconocimiento a los derechos especiales de las mujeres pero, como siempre sucede, con las trampas del ingenio del macho mexicano. La paridad de género en posiciones electorales fue saltada a la mexicana con el modelo de las Juanitas: elección de candidatas mujeres pero a la hora de ejercer el poder esas mujeres solicitaban licencia y dejaban el cargo a los hombres.
El modelo de participación de la mujer en actividades fuera del hogar se puede englobar en el concepto de segregación, es decir, reconocer la existencia de algo, pero mantenerlo al margen. Las mujeres tienen hoy más derechos pero carecen de capacidad o de reconocimiento para ejercerlos. De la crisis económica de 1982 a la fecha ha escalado la participación productiva de las mujeres, aunque con restricciones que desconocen la equidad de género en salarios, prestaciones y ocupaciones. Y desde la crisis las mujeres padecen una doble explotación: en el empleo que las segrega y en el hogar que las esclaviza.
Sensibilidad
La crisis feminista de los últimos meses comenzó con denuncias de feminicidios o asesinatos de mujeres por su condición de género; es decir, en términos más comprensibles, crímenes de machismo. Y si bien las carpetas de investigación son pocas en la totalidad de los delitos su visibilidad es mayor por la exposición en medios: mujeres golpeadas, torturadas, heridas con ácido o asesinadas.
En este sentido la crisis feminista de este 9 de marzo es responsabilidad del sistema judicial-penal que ha discriminado a las mujeres heridas o asesinadas desde una perspectiva de inequidad de género. Es posible que el sistema judicial penal haya sido rebasado por la inseguridad, pero la sensibilidad social obligaba a una mayor atención y precaución por las mujeres afectadas.
Ahora los gobiernos y las sociedades tienen un problema doble: el judicial para atender con prontitud y sensibilidad los delitos contra las mujeres y la organización política de las mujeres como producto de la segregación.
El feminismo ya no es una expresión de género sino un posicionamiento de derechos con filiaciones ideológicas más allá de la típica división en las clases. Como el ecologismo, los derechos sexuales y el indigenismo, el feminismo es un cohesionador en torno de la idea de la igualdad social en una sociedad donde la desigualdad ya no es solo de clases sino de personas.