Durante la época en que la hoy senadora panista Josefina Vázquez Mota era secretaria de Desarrollo Social, extrañada por la falta de informes por parte del gobierno de Oaxaca sobre el destino de los recursos enviados, le hizo llegar un oficio al entonces gobernador José Murat conminándolo a la transparencia.
La respuesta fue el envío de una iniciativa de reformas al Congreso local para impedir jurídicamente la injerencia, a título de violar el pacto federal que garantiza la soberanía en las entidades federativas.
La duda quedó intacta sobre si los dineros federales se hubieron derivado para fines distintos, por más que el envío estaba etiquetado.
En el marco, la Auditoría Superior de la Federación documenta centenares de casos en que los gobiernos locales utilizan para gasto corriente, o en el mejor de los casos para obras suntuarias, recursos destinados a la atención de la población de escasos recursos.
El ejemplo más recurrente apunta al Seguro Popular, que como se sabe se nutre de la infraestructura de las entidades federativas.
El caso más dramático se dio en Tabasco, en la agonía del gobierno de Andrés Granier, cuando la entonces flamante secretaria de Salud, Mercedes Juan, debió acudir a la emergencia de la paralización del servicio por falta de pago a médicos, enfermeras y carencia total de medicinas e instrumentos quirúrgicos.
Aunque la Secretaría de Salud negó la especie, en su momento se habló de que bajo el gobierno de Javier Duarte en Veracruz se sustituyeron por agua destilada los productos inyectables para niños con cáncer.
Diagnóstico
Lo cierto es que el diagnóstico sobre la eficacia del seguro médico creado para mexicanos sin acceso al empleo formal y prestaciones inherentes, después de 15 años de operación, habla de incompetencia, falta de coberturas para enfermedades graves y precaria afiliación.
En el país existen aún 20.8 millones de personas sin acceso a salud pública.
De acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación 20.6% de los presupuestos es mal utilizado.
Las estadísticas reflejan que 38 mujeres mueren en cada 100 mil partos por falta de atención durante el embarazo, en tanto doce mil de cada 100 mil nacidos no sobreviven el primer año de vida.
El escenario viene al caso ante la protesta de doce de 13 gobernadores panistas contra el gobierno al relevo por la imposición de los llamados “superdelegados”, es decir, enviados del gobierno federal para distribuir y vigilar los recursos de cara a programas sociales.
El abanico habla del regreso del gobierno central; de una suerte de poder paralelo al de los gobernadores; de la presencia de funcionarios en tareas política para postularse al gobierno local…
Lo cierto es que no hay elementos para garantizar que bajo un nuevo gobierno ahora sí los recursos se destinen religiosamente a su cometido.
La mula no era arisca.