La noche del 15 de marzo de 2017 cámaras y micrófonos volvían tumulto una casona de portada con columnas dóricas al estilo del famoso Partenón de Arturo Durazo, a la espera de captar una escena insólita: 205 millones de dólares y miles más en euros y moneda nacional, apilados en la sala.
La fortuna pertenecía a un ciudadano chino recién nacionalizado mexicano de nombre Zhenli Ye Gon, a quien se atribuía una cadena de producción y distribución de drogas sintéticas.
Huido a Estados Unidos el personaje fue apresado y extraditado diez años después a México para abrirle un proceso, previo al cual se incautó la colosal fortuna.
En el marco, Ye Gon había dicho que el dinero se iba a canalizar a la campaña a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional, que se había desarrollado un año antes.
La presión, según el dicho del chino, habría llegado por parte del que sería secretario del Trabajo del gobierno de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, en cuyo marco se desgranaría la frase que se volvió clásica: “Coopelas o cuello”.
Aunque Lozano amenazó con demandar por difamación al oriental el dicho no llegó al hecho.
El asunto lo revivió hace unas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntar públicamente sobre el destino de la fortuna, lo que provocó una réplica airada del ex mandatario. Según este el dinero se había destinado a la construcción y operación de múltiples centros de atención a drogadictos, diseminados en todo el país.
Más tarde el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ratificaría que el dinero, como lo marca la ley, se había repartido entre el Poder Judicial, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Salud, quien se encargó de la creación de los centros.
Sin embargo las cifras ofrecidas no garantizan el cumplimento estricto del mandato que ordena partes iguales.
Falta de transparencia
Por ejemplo se habla de 68 millones de dólares y cinco millones de pesos entregados en julio de 2007 al fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial, cifra que se queda ligeramente corta del tercio que le correspondía.
Además se habla de entregas a partes iguales de cinco millones 851 mil pesos a la entonces PGR y la Secretaría de Salud, en paralelo de otros 740 millones de pesos y 67 mil 213 euros otorgados en diferentes fechas.
Sumadas las tres partes tampoco dan rebanadas iguales.
Lo cierto es que pese a la insistencia de los medios para conocer el destino de los recursos la respuesta se mantuvo en la opacidad durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
¿Secreto de Estado lo que hoy se ventila sin problema?