Frustrada por burda la posibilidad de un borrón y cuenta nueva frente al escándalo de Odebrecht vía un arreglo económico, con la llegada del nuevo gobierno el callejón se estrecha al solicitar el presidente Andrés Manuel López Obrador hacer pública la parte medular de la investigación de la Procuraduría General de la República.
En la encrucijada el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, juega un volado al ampararse para obligar a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales a consignar el expediente o de plano cancelarlo.
De acuerdo a la resolución del juez octavo de Distrito en Materia de Amparo la Fepade tiene 40 días naturales para su determinación.
La vela en el entierro de la instancia surgió ante acusaciones de que parte de los 10.5 millones de dólares con que la constructora brasileña sobornó a Pemex se habrían canalizado a la campaña presidencial de 2012.
El nerviosismo de Lozoya apunta a la presencia como fiscal de Delitos Financieros de Santiago Nieto, a quien se relevó de la propia Fepade al hacer públicas las presiones que ejercía aquel.
La lentitud de la investigación por parte del Ministerio Público coloca al país en entredicho: consignados, encarcelados y aún sentenciados ya los principales implicados a la trama corrupta en 14 países incluyendo vicepresidentes de algunas de esas naciones.
Posturas
La posibilidad de un acuerdo al estilo de Estados Unidos que negociaban el procurador en funciones y la Secretaría de la Función Pública se esfumó cuando funcionarios al relevo por parte del nuevo gobierno señalaron que no habría ningún contrato público para la constructora brasileña.
En la presión su filial Braskem, que opera en sociedad con la mexicana Idesa el complejo Etileno XXI, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz, amenazó con salir del país.
La firma se benefició con un ventajoso contrato por parte de Pemex que le garantiza el abasto durante 20 años a precio castigado de la materia prima.
Este lo revisará la nueva administración de Pemex.
Atribuida por la PGR la lentitud de la investigación a falta de cooperación del gobierno brasileño en la entrega de expedientes de los directivos de la firma enjuiciados, el caso es que estos han sido ampliamente divulgados en medios de comunicación del país.
Y aunque se aduce que el gobierno del gigante del Cono Sur pretende un borrón a los cargos contra los ejecutivos de la firma en México tampoco habría concordancia ya que se metió a la cárcel al propio presidente de la firma.
¿Humo blanco al fin en el escándalo que se arrastra ya por tres años?