La exigencia de apretar a los proveedores de cara a la austeridad reinante en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador colocó en un callejón estrecho al director general del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con visos de infracción a la ley.
Hete aquí que el funcionario Alberto Ortiz Bolaños decidió apretar a las compañías aseguradoras que protegían los recursos en juego del organismo frente a eventuales incumplimientos en el pago de los créditos para reducir la prima que había sido aprobada por la Secretaría de Hacienda.
En paralelo se pedía un nuevo modelo de contrato en que se sustituiría, por ejemplo, el acta de defunción de un trabajador en uso de un crédito por una consulta al Registro Nacional de Población o al IMSS, además —decíamos— de una reestructura de primas.
El principal riesgo a cubrir era la posibilidad de perder el empleo, en cuyo caso el seguro cubría seis mensualidades del adeudo.
Como usted sabe la garantía delFonacot es que el pago de los préstamos se realice descontando los abonos de estos del pago de nómina de los beneficiarios.
El caso es que al no llegar a un acuerdo con las aseguradoras el Instituto decidió, a partir del primer día de este mes, eliminar la posibilidad de que el contratante del crédito eligiera una aseguradora, obligándolo a una aportación hacia un fondo creado sobre la marcha.
Juez y parte
El problema es que las compañías de seguros no avalaron el cambio ni existe un estudio en materia de riesgo contable o sobre la naturaleza y tratamiento regulatorio y de supervisión del fondo creado.
De hecho la construcción de este no responde al mandato del Instituto. Peor aún, la coloca en opción de tomar recursos internos poniendo en riesgo las reservas.
Y si le seguimos, al no contar con reglas de operación su manejo es discrecional por parte de los funcionarios. En paralelo convierte alInfonacot en juez y parte.
Este otorga en promedio cuatro mil créditos diarios a nivel nacional.
De acuerdo a los expertos, aunque el marco permite una reducción en la tasa de interés que se cobra a los usuarios, se trata de una medida de riesgo que pone a prueba la capacidad financiera del Instituto al no existir datos duros que permitan pronosticar el comportamiento de los créditos y del riesgo asociado para los próximos dos años.
Hasta hoy la Secretaría de Hacienda no ha sido enterada del cambio, en un escenario en que para el fondeo en el mercado la tasa menor es de 8.07%, y los costos administrativos por manejo de cartera llegan a 11.11% anual, por lo que la tasa que se cobra a los usuarios no llegaría a compensar la erogación.
Autogol del Infonacot.