¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque el propio gobierno al que le reclaman constantemente les da no sólo todas las facilidades sino también todos los incentivos para hacerlo.
La pesadilla que vivimos los mexicanos ante las movilizaciones de grupos políticos no es habitual en otros países: ni en regímenes democráticos ni en autoritarios. Se ha hecho ya normal en México que cualquier contingente bloquee calles o carreteras. Y no sólo eso. En los últimos meses estos grupos han tomado casetas de peaje y cobrado cuotas, han robado autobuses de pasajeros y saqueado y destruido camiones de transporte o de reparto de productos de consumo. Estos vehículos son también utilizados como arietes contra las puertas de cuarteles militares.
Los manifestantes han destruido cámaras de seguridad y mobiliario urbano con valor de millones de pesos. Es común que golpeen a policías en el ejercicio de sus funciones. Si los policías responden, son suspendidos, destituidos o procesados penalmente. Hemos visto incluso un caso en que los manifestantes prendieron fuego a una gasolinera en Chilpancingo, en 2011, y el incendio costó la vida a un empleado que cerró las válvulas de las bombas para evitar una tragedia.
En ningún país del mundo se aceptan estos abusos. En Estados Unidos el derecho a la protesta no se extiende al bloqueo de vías de comunicación. En Europa se utiliza la fuerza pública para evitar bloqueos, pero además la policía actúa con gran fuerza cuando sus elementos son agredidos. En Cuba, país ideal para muchos de estos manifestantes, no se permite ningún tipo de protesta.
El gobierno mexicano, sin embargo, está paralizado. Los funcionarios nacionales parecen haber perdido de vista el hecho de que un Estado tiene derecho al uso legítimo de la fuerza en ciertas circunstancias. Entre estas se cuentan sin duda los bloqueos a vías de comunicación, los robos de vehículos o de recursos públicos, los robos de peaje y las agresiones a policías o a cualquier otra persona.
Derechos
México ha pasado de un extremo a otro. En 1968 una protesta pacífica de estudiantes en Tlatelolco, que ni siquiera bloqueaban el tránsito, fue atacada por militares en una acción que dejó decenas de muertos. En 1971 un grupo de choque organizado y adiestrado por el gobierno de la Ciudad de México atacó a otro grupo de manifestantes con palos y después con armas de fuego y dejó una docena de muertos.
Hoy, en cambio, no hay acción ilegal o violenta que pueda cometer un grupo de manifestantes para que la autoridad se atreva a utilizar la fuerza pública.
Los gobernantes que han decidido cruzarse de brazos ante los peores desmanes de manifestantes afirman que lo hacen por tolerancia. Pero no se puede llamar tolerante a un gobierno que deja a la mayoría de los ciudadanos indemnes ante los abusos de grupos políticos que actúan solamente para lograr concesiones y dinero.
Si estos grupos continúan con los bloqueos y actos de violencia es porque han entendido que son redituables. El gobierno continúa pagando los sueldos de líderes y manifestantes aunque nunca se presenten a cumplir con sus funciones laborales, por ejemplo, como maestros. Pero además las autoridades han acostumbrado a los líderes de estos grupos a darles todo lo que piden cuando se movilizan, especialmente si lo hacen con violencia.
El país seguirá sufriendo las extorsiones de manera indefinida mientras no surja un gobernante que realmente decida hacer cumplir la ley. Pero como ya se han habituado los manifestantes a hacer lo que quieren, y a obtener así privilegios, acusarán a ese primer gobernante valiente de ser un represor. Los grupos políticos consideran que tienen el derecho adquirido de violar los derechos de los demás.