El desafío que representa el mercado negro de fármacos y el comercio de medicamentos apócrifos en México no solo provoca afectaciones directas a la salud de las personas que consumen estos productos sino también a la industria farmacéutica y a las arcas del Estado.
Para organismos farmacéuticos, expertos y legisladores el conflicto se da porque se debe destinar una parte importante de recursos para atender a las personas que sufren algún daño por el consumo de tales medicamentos; porque provoca que el gobierno consigne mayores recursos económicos y humanos para combatir este flagelo; y porque además causa una merma importante en los impuestos que no ingresan a los organismo tributarios en virtud de que la compraventa de esos insumos se realiza en la clandestinidad.
En este comercio encubierto se ofertan medicamentos conformados por muestras médicas ilegales, medicinas falsas y caducas, robo hormiga a instituciones de salud públicas, así como hurto al transporte privado que reparte estas materias.
Para congresistas consultados urgen adecuaciones al marco legal vigente, orientadas a subsanar la problemática con penas más severas para los delincuentes.
Y es que la regulación actual, según esos legisladores, ha quedado obsoleta para quienes trafican con estos medicamentos. Por ello se abre una amplia “laguna jurídica” que deja sin medidas penales las acciones de quienes causan un doble daño: medrar con la salud ciudadana y generar un desabasto de medicamentos en el sector salud.
Por el momento la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el nicho farmacéutico nacional y el Congreso de la Unión alzan la voz para enfrentar este “mercado negro” de manera integral y poner un alto a este ilícito.
Referencias
Según la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica seis de cada diez medicinas que se ofrecen en el territorio nacional son robadas, caducas, falsificadas o elaboradas sin requerimientos mínimos de calidad; alrededor de ocho millones de personas consumen estos fármacos.
Esto produce “riesgos potenciales por la compra de medicamentos apócrifos, que van desde la ausencia o baja concentración del fármaco, la pobre calidad de este, la sustitución de una sustancia activa por otra, medicamentos con activos no autorizados, presencia de impurezas tóxicas, potencialización del riesgo de contener contaminantes, medicamentos caducos, envenenamiento o toxicidad por consumo descontrolado y hasta la posible adicción”, revela el organismo farmacéutico.
Con base en el volumen de medicamentos ilegales que se venden, indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), México se ubica en el sexto lugar en el mundo en esta práctica, por debajo de China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil.
Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) señalan en tanto que la venta de medicamento ilegal representa 9% (16 mil 650 millones de pesos) de los 185 mil millones de pesos (91%) en los que está valuado el mercado de medicinas y fármacos en México: las entidades donde más se ofrecen medicamentos ilegales son Jalisco, Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México.
En el modus operandi que utilizan los delincuentes, indica la Unefarm, “las medicinas robadas u obtenidas de manera ilegal, así como aquellas que son falsificadas o clonadas, comúnmente son llevadas a sitios que no poseen condiciones apropiadas para su conservación; y aunque su precio de venta por internet o en negocios ambulantes es ostensiblemente menor en comparación con los ofertados en comercios establecidos que cumplen con la normatividad aplicable a la materia, son un peligro latente para sus consumidores”.
Sobre el robo hormiga expone: “Los robos a farmacias y el hurto de medicamentos en los hospitales y consultorios médicos, así como en lugares de elaboración y distribución, en adición a la corrupción interna que se da en algunas instalaciones de atención de la salud, locales de fabricantes, distribuidores y en otros sitios donde se almacenan, manejan o usan medicamentos recetados, permiten que prolifere la oferta de medicamentos apócrifos y de dudosa procedencia, disponibles para la población”.
Por si fuera poco la Unefarm señala que “los mexicanos compran hasta ocho mil millones de pesos anuales en medicamentos pirata o de baja calidad e incluso 4% de los tratamientos que se comercializan tiene malas prácticas de fabricación”.
Otro dilema se da mediante la venta por medio de internet, donde sevenden productos ilícitos o de calidad inferior.
Al respecto la Cofepris ha identificado que en el espacio virtual existen anuncios en los que se ofrece la venta de medicamentos entre particulares a un bajo costo en virtud de que son falsificados, muestras médicas o se trata de fármacos robados o caducos.
De 2013 a 2018 el organismo ordenó la suspensión de dos mil 93 mensajes publicitarios de medicamentos, de los cuales 932 correspondieron a páginas de internet, incluidas tres de carácter internacional —MercadoLibre, Vivanuncios y Segundamano—, en las cuales se ofertaban diversos medicamentos sin ningún control ni certeza respecto de su procedencia.
Durante 2018 la Cofepris realizó 29 operativos, los cuales arrojaron sanciones por un monto aproximado de 8.5 millones de pesos; paralelamente se aseguraron 90 mil litros de alcohol adulterado, 613 mil “productos milagro” y un millón 238 mil 782 cigarros irregulares.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica refiere que la falsificación de fármacos y el comercio ilegal dejan al crimen organizado ganancias por más de once mil 500 millones de pesos anuales.
Problema internacional
Andrea Jiménez, profesora del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, expone que esto ya se ha vuelto un problema de carácter mundial. “Como todo mercado ilícito emergente el tráfico de medicamentos ilegales cumple con una serie de características que le hacen atractivo para los grupos del crimen organizado: una gran demanda de productos farmacéuticos a bajo costo y con posibilidad de venta sin receta o prescripción médica”, puntualiza.
Asegura que “una oferta clandestina de este tipo de productos se genera por estándares de calidad y control inferiores o en muchos casos inexistentes: legislaciones diversas en penalidades a este nuevo mercado que ofrece oportunidades de negocio y márgenes de impunidad a quienes lo desarrollan, la poca regulación que ofrece internet y el robo en el transporte de mercancías”.
Jiménez destaca que “este nuevo mercado constituye un negocio altamente vulnerable para la explotación de grupos del crimen organizado, que conlleva implicaciones negativas a muchos niveles: beneficios ilegales, delincuencia a gran escala, aumento de la violencia y blanqueo de capitales”.
Sin embargo, agrega, “la amenaza de este nuevo tipo de tráfico ilícito no se agota en el riesgo de aumento del crimen organizado sino que se ve incrementada también por el producto con el que se trafica: la base de este negocio es la transacción de medicamentos y productos sanitarios que no cumplen con los requisitos legales y cuya producción y distribución no se halla controlada”.
Medidas
Ante la problemática hay varios proyectos legislativos que buscan aumentar las sanciones a esta actividad ilícita, que lamentablemente se encuentran en la congeladora parlamentaria.
Un intento de poner castigos más severos contra quienes cometan este acto ilegal se dio el 29 de julio de 2019. Se proponían de tres a 15 años de prisión y de 500 a cuatro mil días de multa a quien cometa el delito de robo de medicamentos, según lo aprobado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que solo quedó en buenas intenciones ya que el pleno nunca ratificó esta medida legislativa.
Antes, el 28 de febrero de 2019 el diputado Guadalupe Aguilera, del PRD, planteó reformar la Ley General de Salud para castigar con una condena de uno a nueve años de prisión y multa de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo a quien venda, ofrezca o comercie medicamentos obtenidos ilegalmente.
El parlamentario expone que la iniciativa —que se analiza en la Comisión de Salud—plantea, entre otras cosas, “que si el responsable es personal adscrito al Sector Salud se le inhabilitará a efecto de que no pueda ser contratado nuevamente bajo ninguna modalidad. Se trata de una minoría, cuantitativamente hablando”, determina.
Puntualiza que “la regulación actual sanciona solo a quienes trafican con muestras médicas.Ello abre una amplia laguna jurídica que deja sin medidas punitivas las acciones de quienes causan este daño”, explica Aguilera. Esta iniciativa se haya en el tintero legislativo.
Para el 26 de marzo de 2019 una iniciativa del senador Ricardo Monreal, de Morena, también busca que quien sea declarado culpable de falsificar, contaminar o alterar productos farmacéuticos enfrentaría escarmientos de prisión hasta de 30 años y multas por once millones de pesos.
La propuesta igualmente prevé que “quienes sean condenados por el robo de medicamentos paguen penas de prisión hasta por diez años. Con el endurecimiento de las sanciones legales contra los implicados en el mercado negro farmacéutico se espera mitigar una epidemia clandestina que afecta la salud pública de los mexicanos”.
Según el documento “a quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicará una pena de ocho a 30 años de prisión y multa de 80 mil a 130 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente”.
De acuerdo con Monreal “estos ilícitos que aumentan año con año repercuten en una mayor oferta de estos insumos a bajo costo, así como en distintas afectaciones, siendo la más grave la que tiene que ver con la salud de las personas”.
Para los expertos son varias las aristas que conlleva un creciente problema generado por un “mercado negro” de fármacos que surge por actividades comerciales ilícitas desarrolladas por organizaciones criminales, donde es urgente legislar para afrontar un problema de salud pública que va en aumento.
DenunciaEl 2 de mayo de 2019 el IMSS presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien o quienes resulten responsables por el robo de 191 piezas de 14 medicamentos distintos de la farmacia del Hospital General de Zona 29, ubicado en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Los hechos fueron notificados por la trabajadora encargada de la farmacia de dicha unidad médica, quien encontró violados los portacandados de tres refrigeradores y de la gaveta donde se resguardaban tanto fármacos como antirretrovirales para el tratamiento del VIH.
Carreteras
El 17 de noviembre de 2019 la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) denunció que la violencia y reducción de patrullajes en carreteras federales impiden distribuir medicamentos en Guerrero y Michoacán, así como en el llamado Triángulo Rojo, que integran Oaxaca, Puebla y Veracruz. Juvenal Becerra, presidente de la Unefarm, aseveró que a finales del año pasado se registraron pérdidas por 15 millones de pesos en Guerrero y Michoacán, mientras que en la región del Triángulo Rojo las contingencias ascienden a 20 millones de pesos por los mismos fenómenos.