Cuando el lunes 4, hacia las 20:30 horas, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, daba los primeros avances de los peritajes respecto del que ahora sabemos fue un accidente fatal y dramático en el complejo corporativo de Petróleos Mexicanos, se acabaron en ese momento casi 100 horas de lógicas especulaciones, sobre todo las que argumentaron la posibilidad de un atentado terrorista.
Pero también comenzaron —como sucede con frecuencia— a surgir los especialistas de última hora, en esta ocasión lo que denominé como los “explotólogos”.
Así, entre las especulaciones consecuencia directa de la ausencia de información oficial y las precipitadas conclusiones de improvisados, la figura de un acto deliberado de violencia abierta contra la población cobraba fuerza.
Un diario de circulación nacional, en su edición de aquel mismo lunes 4, y ese mismo día por la mañana el thinktank conservador estadunidense de Stratfor, llegaban a la conclusión de que mediante testimonios de primera mano había pruebas consistentes de que estábamos ante un atentado.
Sin embargo, en el análisis, sin tener acceso a información técnica especializada ni a los conocimientos propios de la química de gases y explosivos, era evidente que no había elementos para semejante conclusión.
En primer lugar, con frecuencia minutos previos a la explosión de un artefacto en lugares públicos hay una llamada de advertencia para el desalojo de espacio que se verá afectado y destruido.
También la reivindicación del atentado es una práctica tan común, que ha habido ocasiones en que dos o tres organizaciones se disputan la autoría del mismo hecho.
En tercer lugar, y pasando a los aspectos simbólicos de la instalación a dañar, es la explicación en la selección del mismo dentro de una sociedad determinada.
Elementos
Vamos a suponer que ninguna de las tres variables anteriores se haya usado en el caso que aquí analizamos.
Estaríamos ante un acto terrorista atípico.
Bien puede ser.
Pero hay otro elemento de análisis que de plano descarta la argumentación en ese sentido: la afectación a población abierta, lejos de generar simpatías, lo que produce es rechazo a la causa que se dice defender.
Por lo tanto, suponiendo que era un atentado terrorista lo que vivimos el pasado 31 de enero por la tarde, la pregunta central es: ¿para qué llevarlo a cabo en ese lugar y en ese horario?
Aunque faltan los detalles técnicos de la explicación ofrecida el lunes pasado por la tarde, la afectación a la agenda del gobierno de la República, sobre todo en lo que hace a la probable reforma energética, se verá, si no condicionada, sí con nuevos elementos para la discusión.
Por ejemplo, la situación del mantenimiento de la infraestructura de la paraestatal.
O bien los sistemas de seguridad en la infraestructura e industria.
Cualquiera que sea el resultado de los peritos, abordar la naturaleza de Petróleos Mexicanos será una obligación.
Entonces, hay que distinguir dos fases del hecho.
Una, que se refiere a las condiciones mismas de la explosión.
Y dos, las secuelas de la misma sobre la dinámica política generada a partir de lo que puede hacerse del hecho, como argumento político e ideológico. Y esto será inevitable.
De allí que las conclusiones técnicas de las investigaciones, aunque tarden, deben ser dadas a conocer de forma gradual a la opinión pública. Al final, el resultado que sea abonará confianza en el gobierno y sus funcionarios, más aún si estamos dentro de los primeros 100 días del nuevo sexenio.
Hay mucho por ganar, a pesar del dolor. E incluso por la memoria de los fallecidos.